Reforma laboral: qué cambia en vacaciones, indemnizaciones y jornada laboral tras la sanción
La nueva normativa aprobada por el Congreso introduce modificaciones en el cálculo de despidos, habilita el banco de horas y flexibiliza el esquema de vacaciones. El Gobierno sostiene que busca modernizar el mercado laboral, mientras sectores sindicales advierten sobre una pérdida de derechos.
El Congreso Nacional de la República Argentina sancionó la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que modifica aspectos centrales de la legislación vigente y redefine condiciones vinculadas a la jornada de trabajo, las vacaciones y las indemnizaciones por despido en el sector privado.
Uno de los cambios más relevantes es la incorporación del sistema de “banco de horas”. A través de este mecanismo, empleadores y trabajadores podrán acordar la compensación de horas extraordinarias con descansos posteriores, dentro de límites establecidos por la ley. La medida apunta a otorgar mayor flexibilidad en la organización del tiempo laboral, manteniendo los descansos mínimos obligatorios.
En cuanto a las vacaciones, la norma conserva el período tradicional de otorgamiento entre octubre y abril, pero habilita la posibilidad de pactar fechas fuera de ese rango. Además, permite fraccionar el descanso anual en tramos no menores a siete días, siempre que exista acuerdo entre las partes.
La reforma también introduce modificaciones en el cálculo de la indemnización por despido sin causa. A partir de ahora, se considerará exclusivamente la remuneración mensual, normal y habitual del trabajador, excluyendo conceptos no regulares como el aguinaldo u otros adicionales extraordinarios. La indemnización se actualizará por el Índice de Precios al Consumidor más un adicional anual establecido por la normativa.
Entre otros puntos, se extiende el período de prueba hasta seis meses —con posibilidad de ampliación en pequeñas empresas—, durante el cual el vínculo laboral puede finalizar sin indemnización por antigüedad. Asimismo, se crea un Fondo de Asistencia Laboral financiado por aportes patronales, destinado a cubrir costos derivados de desvinculaciones.
El Gobierno argumenta que los cambios buscan promover la formalización y generar condiciones más dinámicas para la contratación. En contraste, sectores sindicales y parte de la oposición cuestionan el alcance de la reforma y advierten sobre su impacto en la estabilidad laboral y la protección de derechos adquiridos.