Una investigación federal por el presunto desvío de armas adquiridas legalmente hacia el mercado clandestino quedó cerca de llegar a juicio oral. La Fiscalía Federal de Campana y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) solicitaron que 11 personas sean juzgadas por integrar una estructura dedicada, según la acusación, a comprar armamento mediante mecanismos formales para posteriormente hacerlo circular fuera de los canales autorizados.
En el expediente aparece un dato que dimensiona el alcance de la pesquisa: los investigadores identificaron 742 armas inscriptas a nombre de personas relacionadas con la organización cuyo paradero no logró determinarse. El armamento no se encontraba en poder de los titulares registrados ni tampoco en los domicilios informados oficialmente como lugares de guarda.
Los fiscales Sebastián Bringas y Santiago Marquevich consideran que detrás de las operaciones existía una organización con tareas claramente distribuidas. La hipótesis sostiene que algunas personas eran captadas para aparecer formalmente como propietarias de las armas, mientras otros integrantes se encargaban de las compras, transferencias, documentación y distintas gestiones necesarias para completar las operaciones.
Dentro de la estructura investigada también habrían tenido participación gestores y comercios dedicados a la venta de armas. Para la Fiscalía, las pruebas reunidas permiten sostener que existió “una mancomunidad de voluntades orientadas a la comisión de diversos delitos”, con el objetivo de utilizar compras aparentemente legales como vía de ingreso del armamento al circuito ilegal.
La causa tuvo uno de sus principales avances el pasado 27 de abril, cuando se desplegaron 140 allanamientos en distintos puntos del país. Los operativos habían sido ordenados cinco días antes por el juez federal de Campana Adrián González Charvay y terminaron con varias detenciones, mientras que otro de los investigados se presentó voluntariamente ante las autoridades.
Los procedimientos alcanzaron domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Fe, Tucumán y Tierra del Fuego, lo que expuso la extensión territorial que habría tenido la maniobra investigada.
Inicialmente, el magistrado procesó con prisión preventiva a 12 personas por los presuntos delitos de asociación ilícita y provisión y circulación ilegal de armas de fuego. Entre los involucrados figura un oficial de la Policía de la Ciudad, quien además fue acusado por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Posteriormente, el 11 de agosto, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó la mayor parte de los procesamientos. Sin embargo, los camaristas revocaron la resolución respecto de uno de los acusados y dispusieron su falta de mérito.
Tras esa decisión, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron la elevación a juicio respecto de 11 imputados. De acuerdo con el planteo acusatorio, las penas requeridas podrían alcanzar los 11 años de prisión efectiva.
Mientras se define el inicio del debate oral, uno de los principales interrogantes continúa abierto: qué ocurrió con las cientos de armas registradas a nombre de integrantes o personas relacionadas con la presunta organización que nunca fueron encontradas. El destino final de esas 742 unidades sigue formando parte de la investigación y será uno de los aspectos centrales que buscará esclarecer la Justicia.