Rechazo al plan de la Caja Policial por exigir el desistimiento de reclamos judiciales

Compartir esta nota

La propuesta para declarar la emergencia económica y financiera de la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario abrió un nuevo frente de discusión en la Legislatura. El proyecto, presentado por el Directorio del organismo, regiría durante dos años y podría prorrogarse por otros dos. Entre sus objetivos figuran ordenar las cuentas y regularizar las obligaciones pendientes.

Uno de los puntos más cuestionados es el plan de pago de deudas, que podría extenderse hasta 36 meses. Para adherir, los beneficiarios deberían renunciar a iniciar nuevos reclamos judiciales por esas obligaciones y desistir de las causas que ya estén en trámite.

María Pérez, esposa de un policía de origen territorial, expresó su rechazo en ((La 97)) Radio Fueguina. «No nos da garantía del pago», afirmó. También sostuvo que «el proyecto de la Caja no asegura que van a pagar la deuda de los territoriales» y cuestionó que el cobro esté condicionado al desistimiento de las acciones legales.

La iniciativa incluye otras medidas para afrontar el déficit: un aporte extraordinario del 3% a cargo de los beneficiarios, la aplicación de los aumentos por movilidad dos meses después de los otorgados al personal en actividad y un cambio temporal en el cálculo del beneficio compensatorio de los policías territoriales. También prevé crear un fondo de emergencia que recibiría, entre otros recursos, parte de la recaudación de Ingresos Brutos vinculada al transporte por gasoductos.

Pérez pidió que se priorice una solución para los 540 policías territoriales a los que hizo referencia. «Lo más lógico que podrían hacer es un proyecto de emergencia donde se busque la solución de los 540 territoriales, para que empiecen a cobrar lo antes posible», planteó.

El texto propone, además, formar un comité técnico que tendrá diez meses para preparar una reforma integral del sistema, analizar el déficit y las deudas judiciales, y proyectar las finanzas de la Caja a diez años. La discusión legislativa deberá definir tanto las herramientas para sostener las prestaciones como las condiciones para saldar lo adeudado.