La legisladora provincial Natalia Gracianía cuestionó con dureza la conducción del conflicto docente en Tierra del Fuego y aseguró que el Gobierno no utilizó las herramientas disponibles para garantizar el dictado de clases. “Lamentablemente, quien decide cuándo hay clases y cuándo no es Catena”, afirmó.
La referente de La Libertad Avanza realizó estas declaraciones mientras la provincia atraviesa la sexta semana consecutiva de paro docente por tiempo indeterminado. La continuidad de la medida mantiene alterada la actividad escolar y profundiza el malestar entre las familias afectadas.
Gracianía sostuvo que su bloque mantuvo reuniones tanto con el ministro de Educación, Pablo López Silva, como con el secretario general del SUTEF, Horacio Catena. Sin embargo, cuestionó el papel asumido por cada uno dentro del conflicto y lanzó: “Pareciera que Catena es el ministro de Educación y que el secretario del SUTEF es López Silva”.
Según la parlamentaria, la crisis educativa llegó a un “punto de no retorno” por la ausencia de decisiones concretas del Ejecutivo provincial. En esa línea, señaló que el Gobierno podría haber recurrido a la conciliación obligatoria y aplicado las normas que establecen una prestación mínima del servicio educativo.
“Es una decisión del Gobierno de la provincia no avanzar en poner un límite a esta situación, que tiene de rehenes a los estudiantes y a las familias fueguinas desde hace muchas semanas”, expresó Gracianía.
La discusión se trasladará a la Comisión Nº 4 de Educación, Cultura, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología de la Legislatura. Para el encuentro fueron convocados representantes del Ministerio de Educación, organizaciones sindicales y familiares de los alumnos perjudicados por las medidas de fuerza.
El presidente de la comisión, Luciano Selzer, consideró indispensable sumar a las familias al debate. “Falta la voz más importante, que es la de los padres representando a sus hijos”, sostuvo al remarcar que habitualmente las reuniones quedan limitadas a funcionarios y dirigentes gremiales.
Selzer también cuestionó las respuestas entregadas por el Ministerio de Educación ante los pedidos de informes legislativos. Según indicó, algunas fueron “escuetas”, mientras que otras evitaron contestar los puntos planteados sobre la crisis del sistema escolar.
El legislador remarcó que controlar las ausencias docentes es responsabilidad del Ministerio de Educación. Además, señaló que la Legislatura puede proporcionar herramientas legales, pero advirtió que su aplicación depende exclusivamente de las autoridades provinciales.
Desde La Libertad Avanza también impulsaron un proyecto para declarar la educación como servicio esencial en Tierra del Fuego. La iniciativa busca establecer obligaciones tanto para el Gobierno como para las organizaciones sindicales durante los conflictos laborales.
“No se puede hipotecar el futuro de los estudiantes de Tierra del Fuego”, afirmó Gracianía. Para la legisladora, la propuesta permitiría equilibrar los derechos laborales con la necesidad de sostener la continuidad educativa, aunque advirtió que ninguna norma será suficiente si las autoridades deciden no aplicarla.