La decisión del Gobierno nacional de poner a la venta distintos inmuebles estatales abrió una nueva discusión en Ushuaia. Uno de los terrenos alcanzados por el Decreto Nacional 764/2026 corresponde a tierras vinculadas a la Armada y ubicadas en el sector de la calle Aras Juan, una situación que genera preocupación en el ámbito municipal.
La concejal Daiana Freiberger cuestionó el destino previsto para estos terrenos y advirtió que, si bien actualmente no tienen una utilización concreta, se encuentran contemplados dentro de la planificación urbana de Ushuaia y cuentan con protección establecida por normativa municipal.
Según explicó la edil, los inmuebles son administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y fueron incorporados al proceso de venta bajo el argumento de tratarse de bienes considerados innecesarios, subutilizados o sin un destino específico.
Para Freiberger, la situación representa una oportunidad perdida para la ciudad, ya que estos espacios podrían haber sido incorporados a proyectos de carácter comunitario. Entre las alternativas mencionó la posibilidad de desarrollar un gimnasio, espacios recreativos u otra infraestructura de utilidad para los vecinos.
El antecedente de la calle Facundo Quiroga
La concejal tomó como referencia la apertura de la calle Facundo Quiroga para remarcar el impacto que puede tener sobre la ciudad la utilización planificada de tierras que pertenecen al Estado.
La obra permitió mejorar la conexión de ese sector con el centro de Ushuaia y modificó la circulación cotidiana de los vecinos. En ese sentido, Freiberger sostuvo que los terrenos públicos pueden cumplir un rol estratégico en el crecimiento y la planificación urbana.
La edil consideró que la falta de proyectos articulados entre el Municipio y el Estado nacional terminó dejando estos inmuebles expuestos a un proceso de venta, en el que eventualmente podrían ser adquiridos por particulares.
Proponen proteger otros sectores de la ciudad
Ante este escenario, Freiberger adelantó que el Concejo Deliberante abordará distintas herramientas para reforzar la protección de sectores considerados estratégicos.
Uno de los casos será Bahía Golondrina, donde se busca establecer mayores exigencias para la aprobación de determinados proyectos de construcción, elevando las mayorías necesarias dentro del cuerpo deliberativo.
La intención es que intervenciones consideradas de especial impacto urbano requieran un mayor nivel de consenso antes de ser autorizadas.
Tres proyectos para preservar tierras públicas
La concejal también detalló que desde Provincia Grande fueron presentados tres proyectos vinculados con los terrenos administrados por la AABE.
Uno apunta al reconocimiento del valor histórico de los barrios vinculados con la Armada; otro plantea la creación de áreas de reserva natural, mientras que una tercera iniciativa propone una protección más amplia para los terrenos que actualmente se encuentran bajo administración de la agencia nacional.
Estas propuestas se suman a iniciativas impulsadas en Río Grande y en la Legislatura provincial, con el objetivo de establecer criterios de protección para los bienes estatales existentes en la provincia.
La discusión llegará al Concejo Deliberante
De acuerdo con lo señalado por Freiberger, el futuro de estos terrenos será uno de los temas que formará parte de la agenda del Concejo Deliberante en los próximos días.
La concejal también manifestó su preocupación por la falta de respuesta a determinadas notificaciones vinculadas con terrenos que, según explicó, debían ser entregados al Municipio en mayo.
Mientras se aguardan definiciones y una eventual instancia de diálogo entre las autoridades municipales y nacionales, la discusión vuelve a poner en el centro del debate el destino de las tierras públicas de Ushuaia y la necesidad de definir si esos espacios serán utilizados para proyectos de desarrollo urbano, preservados como áreas naturales o finalmente incorporados al mercado inmobiliario.
La venta de las tierras de la Base Naval de Ushuaia ya generó cuestionamientos públicos y pedidos para revisar el destino de aproximadamente 38 hectáreas.