La Asociación Manekenk expresó su preocupación por la situación ambiental en el puerto de Ushuaia, luego de tomar conocimiento de dificultades para que autoridades provinciales realicen los controles que habitualmente efectuaban sobre residuos y aguas. Desde la organización también pusieron el foco sobre obras portuarias previstas y reclamaron que se determine formalmente su posible impacto sobre el ambiente y el canal Beagle.
Nancy Fernández, integrante de Manekenk, explicó en comunicación con un medio radial que la organización tomó conocimiento de la situación a través del Consejo Provincial de Medio Ambiente. Según relató, agentes provinciales habrían intentado efectuar inspecciones periódicas y no pudieron ingresar al sector portuario.
“Le habían prohibido el ingreso a las autoridades provinciales”
Fernández explicó que los controles que se realizaban regularmente estaban vinculados principalmente con dos áreas: la disposición de residuos y el cumplimiento de las normas relacionadas con el agua.
“Nos comunicaron la información de que habían estado queriendo realizar inspecciones, como siempre lo hizo la Secretaría de Ambiente, específicamente en dos áreas fuertemente: en residuos y en aguas”, relató.
En ese sentido, agregó que “le habían prohibido el ingreso a las autoridades provinciales para hacer los controles ambientales habituales”, una tarea que, según señaló, anteriormente se desarrollaba periódicamente.
A partir de esa situación, Manekenk comenzó a solicitar información sobre los trabajos proyectados en el puerto y presentó durante julio un pedido formal ante autoridades nacionales.
Obras por US$2,5 millones y el pedido de una evaluación ambiental
Según Fernández, la respuesta recibida indicó que los trabajos previstos serían reparaciones menores y que, bajo esa consideración, no requerirían controles ambientales específicos. Desde Manekenk pusieron en duda esa caracterización debido a la magnitud económica de una de las licitaciones.
“Nos respondieron hace poco, informando que las obras que se iban a hacer eran unas obras menores, o unas obras de refacciones mínimas, que según ellos no va a afectar el ambiente”, explicó Fernández. Luego cuestionó: “Eso parecería no ser correcto, porque vimos que es una licitación de 2,5 millones de dólares”.
La referente ambiental sostuvo que el planteo de la organización no pasa por determinar qué jurisdicción debe administrar el puerto, sino por exigir el cumplimiento de las normas ambientales independientemente de quién tenga esa responsabilidad.
“Ya sea la autoridad que lo tenga, nacional o provincial, tiene que cumplir las normas ambientales”, afirmó. Según su interpretación, una obra de infraestructura con capacidad de afectar el canal Beagle debería atravesar los procedimientos ambientales correspondientes, entre ellos una evaluación de impacto y una audiencia pública.
Manekenk avanzará con un reclamo administrativo
La organización anticipó que continuará por la vía administrativa. Fernández cuestionó que la respuesta al pedido presentado haya surgido de un área de infraestructura portuaria y no de un organismo específicamente ambiental.
“Ahora estamos respondiendo el pedido de informe con un reclamo administrativo”, adelantó. También planteó la posibilidad de que eventualmente intervengan organismos judiciales para determinar si corresponde detener los trabajos hasta contar con mayores garantías ambientales.
En ese punto, Fernández hizo referencia al principio precautorio contemplado por la legislación ambiental. “No tengo que yo demostrar que vos vas a contaminar, sino vos demostrame a mí que no vas a contaminar”, resumió al explicar la postura sostenida por la asociación.
También pusieron la mirada sobre los residuos
El otro punto que genera preocupación es qué ocurre con los residuos provenientes de la actividad portuaria y su posterior traslado dentro de Ushuaia. Fernández señaló que allí existen competencias municipales y provinciales una vez que esos materiales salen del ámbito portuario.
La referente explicó que los residuos peligrosos y patológicos atraviesan procedimientos específicos antes de llegar al relleno sanitario y consideró que las autoridades locales tienen herramientas para exigir controles sobre su trazabilidad.
“Una vez que salieron de esas barreras, de quien competen esos residuos es municipio, para los que son ordinarios, y patológicos y peligrosos, la provincia”, sostuvo. A partir de ello, consideró que ambas jurisdicciones cuentan con facultades para establecer controles sobre el destino de esos materiales.
Analizan pedir que se frenen las obras
Manekenk continuará realizando pedidos de información y anticipó reuniones para analizar los próximos pasos. Fernández sostuvo que una de las alternativas podría ser recurrir a la Justicia para solicitar que no comiencen determinadas obras hasta que se determine que no representan un riesgo ambiental.
“Alguna entidad tendría que estar presentando una medida cautelar, por lo pronto para parar cualquier tipo de obra, hasta que no esté constatado el principio precautorio de que no va a haber ningún tipo de afección ambiental”, afirmó.
Desde la asociación remarcaron que su planteo está centrado específicamente en la cuestión ambiental: controles sobre el agua, trazabilidad y disposición de residuos y análisis previo de las obras que puedan tener incidencia sobre el entorno del puerto y el canal Beagle.