Proyecto de Inocencia Fiscal: suben los límites desde los cuales ARCA considera delito mover dinero sin declarar
El Gobierno impulsa en el Senado el proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa que modifica varios aspectos del régimen tributario y penal con el objetivo de actualizar los umbrales a partir de los cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede calificar como evasión fiscal el movimiento de dinero no declarado. El debate parlamentario está previsto para este viernes y forma parte de las negociaciones en torno al presupuesto 2026.

La propuesta incluye cambios en el Régimen Penal Tributario, el Código Civil y Comercial y el Régimen de Procedimiento Tributario, con la intención de ofrecer mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y evitar que causas pasadas sean perseguidas penalmente bajo normas desactualizadas.
Según asesores impositivos consultados, con la nueva normativa la evasión simple empezaría a considerarse delito a partir de $100 millones, un umbral muy superior al vigente actualmente, que era mucho más bajo y había quedado desfasado por la inflación.
Los cambios son todavía más marcados en casos de evasión agravada: el piso subiría de $15 millones a $1.000 millones, aunque si intervienen estructuras complejas para ocultar identidad o se utilizan documentos falsos, el umbral podría ubicarse en cifras muy superiores.
Los tributaristas destacan que estas modificaciones responden a un reclamo histórico del sector porque los montos anteriores estaban tan bajos que prácticamente cualquier contribuyente podía quedar expuesto a una denuncia penal por montos relativamente modestos. Sin embargo, también generan preocupación entre pequeñas y medianas empresas, ya que otras sanciones como multas automáticas por presentaciones fuera de término se actualizarían de forma notable, en algunos casos hasta multiplicarse cientos de veces.
Desde ARCA y el Poder Judicial se afirma que elevar los umbrales ayudará a focalizar recursos en casos de evasión de gran magnitud y a descomprimir la carga de causas penales por importes menores, aunque el debate en el Congreso podría aún introducir ajustes antes de su aprobación definitiva.
