El Gobierno de Tierra del Fuego decidió frenar la aplicación del Decreto 717/26, una medida que había surgido a partir de un reclamo presentado por el Municipio de Río Grande sobre la metodología utilizada para calcular la distribución de impuestos provinciales. La determinación quedó establecida mediante el Decreto Provincial 1561/26, firmado por la vicegobernadora Mónica Urquiza, en ejercicio del Poder Ejecutivo.
La suspensión se produce mientras continúa una discusión administrativa que involucra a Río Grande y Ushuaia y que tiene como punto central los elementos que deben considerarse para establecer los coeficientes utilizados en el reparto de recursos provinciales.
El reclamo que inició la discusión
El origen del expediente se encuentra en la Resolución 957 del Ministerio de Economía, dictada en 2025. Allí se habían determinado los coeficientes correspondientes a ese ejercicio utilizando información de la recaudación municipal registrada durante 2024.
Río Grande cuestionó posteriormente ese cálculo al considerar que la deducción realizada bajo el concepto de “contribución por mejoras” era arbitraria e ilegítima. En su presentación también sostuvo que el mecanismo afectaba su autonomía económica y financiera y el principio de legalidad tributaria.
A partir de ese planteo, Provincia dictó el Decreto 717/26 y aceptó parcialmente el reclamo. La resolución dejó sin efecto el criterio cuestionado únicamente sobre el tramo correspondiente a la plusvalía efectivamente devengada y percibida.
Ushuaia pidió la nulidad
El expediente sumó posteriormente un nuevo capítulo. El Municipio de Ushuaia presentó una impugnación institucional contra el Decreto 717/26, solicitó su nulidad absoluta y reclamó que sus efectos fueran suspendidos de acuerdo con lo establecido por la Ley Provincial 141.
En paralelo, surgió la necesidad de determinar si el criterio aplicado en el caso de Río Grande también debía utilizarse para la contribución por mejoras correspondiente a Ushuaia. Por ese motivo, el Ministerio de Economía requirió la intervención de la Secretaría Legal de Gobierno.
Río Grande, por su parte, pidió conocer si ya se había emitido el acto administrativo necesario para establecer los nuevos coeficientes derivados del Decreto 717/26 y, en caso contrario, solicitó que se efectuara el cálculo y se dictara la resolución correspondiente.
El cálculo queda nuevamente bajo análisis
Frente a los distintos planteos, la Secretaría Legal de Gobierno volvió a intervenir y recomendó suspender la aplicación del Decreto 717/26. El dictamen fundamentó esa posición en las facultades previstas por el artículo 107 de la Ley Provincial 141 y en razones de interés público.
Finalmente, el Ejecutivo adoptó ese criterio. El artículo primero del Decreto 1561/26 establece la suspensión de la ejecución del anterior acto administrativo desde el momento del dictado de la nueva medida.
La decisión, sin embargo, no establece nuevos coeficientes ni modifica automáticamente el esquema de distribución de recursos entre los municipios. Lo que hace es dejar sin aplicación, por el momento, los efectos del Decreto 717/26 mientras continúa el procedimiento administrativo destinado a resolver los cuestionamientos presentados.