Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados busca establecer en todo el país nuevas reglas para la tenencia de perros considerados potencialmente peligrosos. La iniciativa contempla desde la identificación obligatoria mediante microchip hasta la contratación de un seguro y la aplicación de penas de prisión cuando, por negligencia de quien tiene al animal a su cargo, un ataque provoque lesiones graves o la muerte de una persona.
La propuesta ingresó el 16 de septiembre bajo el expediente 4786-D-2026 y actualmente se encuentra en las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. Se trata todavía de un proyecto, por lo que las obligaciones planteadas no se encuentran vigentes a nivel nacional.
Licencia, microchip y seguro obligatorio
Uno de los principales cambios sería la creación del Registro Nacional de Perros Potencialmente Peligrosos, que permitiría concentrar información y articularla con los registros provinciales y municipales.
Para tener uno de estos animales, la propuesta establece que se debería tramitar una licencia administrativa, acreditar aptitud psicológica y no contar con antecedentes penales por determinados delitos contra las personas. El perro, además, tendría que estar individualizado mediante un microchip.
También sería obligatorio contratar un seguro de responsabilidad civil destinado a cubrir eventuales daños materiales, lesiones, incapacidades o muertes ocasionadas a terceros. No contar con esa cobertura podría impedir la obtención de la licencia y derivar en medidas preventivas sobre el animal.
Bozal y correa para circular por la calle
El proyecto establece condiciones específicas para los espacios públicos. Los perros comprendidos por el régimen tendrían que utilizar bozal y una correa resistente de hasta 1,5 metros.
Las exigencias también alcanzarían a las viviendas donde permanezcan los animales. Se contemplan cerramientos de al menos dos metros de altura y señalización visible para advertir su presencia.
La categoría de perro potencialmente peligroso no dependería exclusivamente de la raza. También se considerarían antecedentes de ataques, adiestramiento para defensa o ataque y determinadas características físicas relacionadas con su capacidad de provocar daños.
Multas y hasta prisión por ataques fatales
La iniciativa propone un sistema de multas tomando como referencia una denominada Unidad de Multa Canina (UMC), equivalente al precio de diez litros de nafta súper de YPF. Dependiendo de la gravedad y de una eventual reincidencia, las sanciones podrían ir desde 10 hasta 3.000 unidades.
Uno de los puntos centrales es la incorporación de figuras penales específicas. El proyecto plantea penas de tres a ocho años de prisión cuando, por negligencia en la guarda de uno de estos perros, se produzca la muerte de una persona.
La propuesta prevé además agravantes relacionados con el incumplimiento de las medidas de seguridad, como circular sin bozal, no contar con seguro o tener bajo cuidado un animal con antecedentes de agresividad. También contempla sanciones para ataques que produzcan lesiones graves y para determinadas situaciones en las que un perro quede suelto sin las medidas exigidas.
El proyecto busca establecer un marco común para todo el país ante la existencia de regulaciones diferentes entre provincias y municipios. La Cámara de Diputados registra antecedentes de iniciativas similares presentadas en otros períodos legislativos, aunque la propuesta de 2026 deberá atravesar ahora el correspondiente debate en comisiones antes de poder llegar al recinto.