Los diputados nacionales que insulten, amenacen o protagonicen agresiones durante su actividad parlamentaria podrían recibir sanciones económicas que lleguen hasta los dos meses sin cobrar su dieta. La medida forma parte de un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados para modificar su reglamento interno.
La iniciativa fue impulsada por la diputada mendocina Mercedes Llano y propone incorporar los artículos 188 bis y 188 ter al Reglamento de la Cámara baja. El objetivo es establecer expresamente consecuencias económicas frente a insultos, amenazas, intimidaciones o agresiones durante el ejercicio de la función parlamentaria.
El proyecto plantea suspender durante un mes el cobro de la dieta cuando un diputado utilice insultos o expresiones injuriosas, soeces o denigrantes. La sanción podría elevarse a dos meses cuando exista reincidencia o el episodio incluya amenazas, intimidaciones o agresiones físicas.
La propuesta diferencia estas conductas de las discusiones propias de la actividad política. De esta manera, las opiniones, críticas y juicios de valor expresados durante los debates no quedarían alcanzados por el régimen de sanciones.
Para determinar qué ocurrió en cada caso podrían utilizarse registros como las versiones taquigráficas y las grabaciones de las sesiones. El legislador involucrado tendría además la posibilidad de realizar su descargo antes de que la Cámara resuelva si corresponde aplicar la medida.
La presentación se conoció después de los incidentes ocurridos el 30 de septiembre durante un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal, convocado para tratar una iniciativa vinculada con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
Aquella reunión terminó con fuertes discusiones, insultos y forcejeos entre Juan Grabois, diputado de Unión por la Patria, y representantes de La Libertad Avanza. El episodio tuvo amplia repercusión y posteriormente también motivó otras iniciativas relacionadas con la conducta de los legisladores.
Ahora, el proyecto que propone sanciones económicas deberá atravesar el correspondiente tratamiento parlamentario antes de que cualquier modificación pueda incorporarse al reglamento de la Cámara de Diputados.