Procesaron con prisión preventiva a dos hombres acusados de un robo en una vivienda de Ushuaia
Dos hombres fueron procesados con prisión preventiva por un robo ocurrido el pasado 25 de junio en una vivienda de la ciudad de Ushuaia, en el marco de una investigación encabezada por el Juzgado de Instrucción N.º 1 del Distrito Judicial Sur.
El hecho se produjo entre las 16 y las 21.30 en una casa ubicada sobre la calle Salta. De acuerdo con la investigación, los imputados habrían aprovechado la ausencia de moradores para forzar la puerta de ingreso y acceder al inmueble, de donde sustrajeron computadoras, teléfonos celulares, joyas y dinero en efectivo. Antes de retirarse, también provocaron desorden en el interior de la vivienda.
La investigación avanzó a partir del análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la propiedad, que permitieron identificar a dos personas dentro del domicilio durante el robo.
Según se informó, los registros fueron comparados con fotografías obtenidas durante un procedimiento de identificación realizado horas antes en la vía pública, lo que permitió individualizar a los sospechosos. Además, personal de la División Policía Científica relevó rastros de calzado en la escena que, posteriormente, coincidieron con el calzado secuestrado durante los allanamientos.
Con los elementos reunidos, el Juzgado de Instrucción N.º 1, a cargo del juez Sergio Pepe, ordenó el allanamiento de los domicilios de los sospechosos y dispuso sus detenciones el 26 de junio.
El 3 de julio, el magistrado resolvió procesarlos como presuntos coautores del delito de robo simple y dictó la prisión preventiva al considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, ya que los elementos sustraídos aún no fueron recuperados.
La resolución también tuvo en cuenta la falta de arraigo de los imputados y su vinculación con otros procesos penales recientes, circunstancias que fueron consideradas al momento de adoptar la medida cautelar.
Asimismo, el juez ordenó trabar un embargo sobre los bienes de cada uno de los procesados por un monto superior a los 10 millones de pesos, con el fin de garantizar una eventual reparación económica para la víctima y cubrir las costas del proceso.