PROCESARON AL CONDUCTOR ACUSADO POR LA MUERTE DE LA MÉDICA ANA MARÍA ZINGONI DE CANO EN RUTA NACIONAL Nº 3
USHUAIA.– La Justicia provincial resolvió procesar al conductor de la camioneta involucrada en el siniestro vial que provocó la muerte de la médica Ana María Zingoni de Cano, hecho ocurrido el pasado 14 de febrero sobre la Ruta Nacional Nº 3, en cercanías del ingreso al camping del Río Olivia.
La medida fue dispuesta por el Juzgado de Instrucción Nº 2 del Distrito Judicial Sur, a cargo de la jueza María Cristina Barrionuevo, quien dictó el procesamiento de Alejandro Robinson Hidalgo Parra, de 48 años, al considerarlo prima facie autor penalmente responsable del delito de homicidio por conducción imprudente de un vehículo automotor.
De acuerdo con la reconstrucción judicial del hecho, el imputado conducía una camioneta Ford F-150 Raptor y circulaba acompañado por su pareja en dirección sur-norte, con destino hacia la República de Chile, cuando habría embestido a la víctima, quien se desplazaba en bicicleta por el lateral de la calzada en el mismo sentido de circulación.
Como consecuencia del impacto, la profesional sufrió lesiones de extrema gravedad que derivaron en su fallecimiento poco después del accidente, generando profunda conmoción en la comunidad fueguina debido a su reconocida trayectoria en el ámbito de la salud.
En el marco del avance de la causa, la magistrada resolvió mantener las medidas restrictivas previamente impuestas al imputado, entre ellas la obligación de presentarse ante la Justicia cada vez que sea requerido, informar cualquier cambio de domicilio y la prohibición de abandonar la provincia o el país sin autorización judicial.
Asimismo, se ordenó la notificación a los organismos de control correspondientes para la incorporación de las restricciones en los sistemas de seguridad nacional y migratorio, con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones judiciales vigentes.
Como parte de las medidas cautelares, el tribunal dispuso además el embargo sobre bienes o dinero del acusado hasta cubrir la suma de 60 millones de pesos, monto destinado a asegurar eventuales responsabilidades civiles derivadas del proceso.
La investigación judicial continúa en etapa de instrucción, mientras se aguardan nuevas pericias técnicas y testimoniales que permitan avanzar hacia la definición definitiva de la responsabilidad penal en el trágico hecho vial.