Una investigación por la venta de departamentos que nunca fueron entregados sumó un nuevo capítulo judicial en Ushuaia. El principal imputado, Vedia Molina, no pudo ser localizado para ampliar su declaración indagatoria y la querella solicitó que se ordene su detención. Los perjuicios denunciados superan los 64 mil dólares y los 40 millones de pesos, además de vehículos e inmuebles entregados como parte de pago.
La Justicia de Ushuaia deberá resolver un pedido de captura nacional contra Vedia Molina, principal investigado en una causa por presuntas estafas inmobiliarias que involucra a familias que entregaron importantes sumas de dinero para adquirir departamentos que nunca llegaron a concretarse. La solicitud fue presentada después de que fracasaran los intentos de localizar al acusado, cuyo paradero actualmente se desconoce.
La presentación fue realizada por la abogada Griselda Engelhard, representante del estudio jurídico Abogados del Fin del Mundo, quien reclamó medidas urgentes ante el Juzgado de Instrucción N.º 1, a cargo del juez Sergio Pepe. Entre los requerimientos se encuentran la declaración de rebeldía, una orden de detención de alcance nacional y la prohibición de salida del país.
El expediente reúne tres causas judiciales vinculadas con operaciones inmobiliarias que, según sostiene la querella, habrían seguido una modalidad similar. Los interesados recibían propuestas para comprar departamentos en construcción, bajo la promesa de obtener una vivienda terminada y lista para habitar, pero los proyectos no registraban avances significativos.
De acuerdo con las denuncias, algunas de las obras apenas habrían llegado a la etapa inicial de movimiento de suelo, mientras los compradores ya habían entregado sus ahorros o bienes como parte de las operaciones. La investigación busca determinar las responsabilidades penales de quienes participaron en las ofertas y en la recepción de los pagos.
Uno de los aspectos más relevantes del caso es la magnitud del perjuicio económico denunciado. Las operaciones investigadas involucran más de 64.300 dólares y 40 millones de pesos, a los que se agregan automóviles y propiedades que también habrían sido utilizados como parte de pago para acceder a las viviendas prometidas.
La querella también advirtió que las personas involucradas en el ofrecimiento de los departamentos no contaban con matrícula habilitante para desarrollar actividades de corretaje inmobiliario. Esta circunstancia forma parte de los elementos señalados por la representación legal de los denunciantes.
El acusado no pudo ser localizado y su defensora perdió contacto con él
La situación judicial de Vedia Molina se complicó cuando se intentó convocarlo para ampliar su declaración indagatoria. Según la información incorporada al expediente, no fue posible establecer comunicación telefónica con el imputado y tampoco se logró determinar dónde se encuentra actualmente.
A esta circunstancia se sumó que su propia abogada defensora manifestó haber perdido contacto con él y comunicó su decisión de renunciar a la representación legal. Frente a este escenario, la querella considera necesario disponer medidas que permitan establecer su ubicación y garantizar su comparecencia ante la Justicia.
Otro antecedente señalado en el expediente es el rechazo judicial a un planteo de la defensa que pretendía cerrar la causa penal mediante un pedido de disculpas. La investigación continuó su curso y ahora enfrenta una nueva instancia relacionada con la imposibilidad de localizar al principal acusado.
Solicitan medidas para evitar que desaparezcan los bienes
Además de reclamar la captura nacional, la representación de los denunciantes pidió restricciones migratorias y medidas de geolocalización de líneas telefónicas que podrían contribuir a encontrar al imputado. También solicitó la inhibición de bienes y el secuestro de vehículos, con el objetivo de preservar el patrimonio que eventualmente podría responder frente a los perjuicios económicos denunciados.
Desde el estudio jurídico Abogados del Fin del Mundo expresaron su posición frente al avance de la causa y aseguraron que continuarán impulsando las medidas necesarias para obtener una respuesta judicial.
“No vamos a permitir que se juegue con el esfuerzo y los ahorros de las familias de nuestra ciudad. Avanzamos con firmeza para que se haga justicia”, señalaron desde el estudio jurídico.
La decisión ahora quedará en manos del juez Sergio Pepe, quien deberá evaluar si corresponde ordenar la rebeldía y la detención solicitadas, además de resolver sobre las medidas patrimoniales requeridas. Mientras tanto, las familias denunciantes continúan a la espera de respuestas por las viviendas que aseguran haber pagado y que nunca recibieron.