Presentan un amparo para que periodistas vuelvan a ingresar a la Casa Rosada
El conflicto entre el Gobierno nacional y los medios de comunicación sumó un nuevo capítulo judicial. El diario Ámbito Financiero presentó una acción de amparo contra el Estado para exigir la restitución del acceso de sus periodistas acreditadas a la Casa Rosada, luego del cierre generalizado dispuesto por el Ejecutivo.
La medida busca que las cronistas Liliana Franco y Cecilia Camarano puedan retomar su trabajo en la sede presidencial. Además, el medio solicitó una cautelar urgente para que se levante de inmediato la restricción mientras se resuelve el fondo de la causa.
La presentación fue impulsada por las empresas editoras del medio y plantea que la decisión oficial vulnera derechos constitucionales, como la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
El conflicto se originó cuando el Gobierno dio de baja, sin previo aviso, los permisos de ingreso y registros biométricos de todos los periodistas acreditados en Casa Rosada. La medida, ejecutada por la Casa Militar, impidió el acceso habitual de cronistas, camarógrafos y reporteros gráficos, paralizando la actividad en la sala de prensa.
Desde el Ejecutivo justificaron la decisión como una acción preventiva vinculada a una denuncia por presunto espionaje ilegal, tras un episodio que involucra a periodistas de un canal de noticias. Sin embargo, la restricción se aplicó de manera generalizada a todos los medios, lo que motivó cuestionamientos.
En su presentación judicial, Ámbito argumenta que la medida resulta desproporcionada, ya que sanciona a periodistas que no están involucrados en la investigación y carece de respaldo judicial.
El caso se da en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y el sector periodístico, con reclamos por restricciones en el acceso a la información y cuestionamientos al vínculo con la prensa.
Ahora, la Justicia deberá definir si corresponde restituir de forma inmediata el ingreso de los periodistas y determinar si la medida oficial constituye una limitación indebida a derechos fundamentales.