La disputa por los controles ambientales en el Puerto de Ushuaia sumó un nuevo capítulo. Por tercera vez, equipos técnicos del Ministerio de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego no pudieron acceder al predio portuario para desarrollar tareas de fiscalización vinculadas con residuos peligrosos, recursos hídricos y la certificación ambiental de la terminal.
Según informó el Gobierno fueguino, el ingreso fue rechazado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), organismo nacional que actualmente interviene en el área portuaria. Frente a las sucesivas negativas, la Provincia comenzó a reunir antecedentes y analiza avanzar por vías administrativas y judiciales.
Qué busca controlar la Provincia dentro del puerto
La secretaria Legal del Ministerio de Producción y Ambiente, Lisi Cristófano, explicó que los inspectores pretendían realizar diferentes procedimientos que, según la postura provincial, corresponden a facultades ambientales propias de Tierra del Fuego.
“Tiene como objetivos tramitar la certificación ambiental del Puerto, controlar la gestión de los residuos peligrosos provenientes de los buques y fiscalizar los recursos hídricos”, detalló la funcionaria.
Uno de los aspectos considerados centrales es conocer qué sucede con los residuos peligrosos desde el momento en que son retirados de las embarcaciones. La Provincia sostiene que necesita observar ese primer paso para posteriormente verificar su traslado y tratamiento por parte de operadores habilitados.
“Para controlar la trazabilidad de ese residuo peligroso que ingresa, necesitamos controlar el desembarco para después analizar cómo lo trató el operador del residuo peligroso”, explicó Cristófano.
También buscan fiscalizar los recursos hídricos
Las inspecciones previstas incluyen controles sobre el agua dentro del área portuaria. El objetivo, de acuerdo con la explicación oficial, es determinar si las distintas actividades que se desarrollan en el lugar pueden provocar impactos ambientales sobre los recursos hídricos.
Cristófano aseguró que este tipo de procedimientos forman parte de las tareas habituales que desarrolla la autoridad ambiental provincial y rechazó que se trate de una fiscalización excepcional motivada por la actual situación administrativa del puerto.
La Provincia cuestionó el argumento de ANPyN
Otro punto de conflicto está relacionado con quién tiene facultades para efectuar los controles. Desde el Ministerio provincial cuestionaron la postura atribuida a la autoridad nacional respecto de la competencia de Tierra del Fuego dentro del puerto.
“Esa negativa categórica de que nosotros no somos competentes es incorrecta”, afirmó Cristófano. Ante esta situación, la Provincia realizó una presentación formal para que ANPyN explique los fundamentos jurídicos utilizados para impedir el acceso de los inspectores ambientales.
Luego del tercer intento frustrado, el Ejecutivo fueguino analiza los pasos a seguir. Cristófano indicó que buscan evitar afectar el funcionamiento de los privados que desarrollan actividades en el puerto, aunque remarcó que el objetivo central de las actuaciones provinciales es garantizar la protección ambiental.