Polémica por el régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego: cuestionamientos y debate sobre su futuro
El régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego, vigente desde hace más de 50 años, vuelve a estar en el centro del debate debido a su elevado costo fiscal y el impacto que tiene en los precios de los productos electrónicos en el país. Críticas recientes señalan que el esquema representa una carga anual superior a USD 1.000 millones, beneficiando a empresas con exenciones impositivas mientras los consumidores pagan hasta un 60% más por dispositivos electrónicos en comparación con otros países.
Beneficios fiscales y dudas sobre el fideicomiso
Las empresas adheridas al régimen acceden a exenciones del Impuesto a las Ganancias, IVA y aranceles a la importación, lo que les permite operar en condiciones diferenciales con respecto a otras industrias. Sin embargo, existen cuestionamientos sobre el destino de los fondos de un fideicomiso creado para canalizar parte del IVA que las compañías no pagan.
En 2021, el esquema fue extendido hasta 2053, sujeto a una revisión en 2038, lo que ha generado críticas desde distintos sectores políticos que exigen una evaluación más inmediata de su impacto.
Un modelo con alto costo fiscal
Según un informe del centro de estudios Fundar, el subrégimen industrial implica un gasto tributario anual de USD 1.070 millones, equivalente al 0,22% del PBI. A modo de comparación, este monto duplica el presupuesto del Conicet en 2021 (USD 435 millones) y representa el 87% del gasto total en Ciencia y Tecnología.
De los beneficios fiscales otorgados, el impacto del IVA representa USD 630 millones anuales, mientras que la exención de aranceles a la importación suma otros USD 436 millones. Además, el diferencial en Impuestos Internos favorece a las empresas instaladas en la provincia con un alivio impositivo de USD 20 millones.
Impacto en la producción y los precios
El régimen de promoción ha sido clave para la expansión de la industria electrónica en Tierra del Fuego, donde se ensamblan más del 90% de los celulares vendidos en Argentina, así como televisores, microondas y aires acondicionados. Sin embargo, los críticos sostienen que el modelo ha fomentado una dependencia excesiva de insumos importados, con escasa integración de componentes nacionales.
En el mercado local, los consumidores deben enfrentar precios significativamente más altos en comparación con países como Chile y Estados Unidos, lo que ha generado reclamos para una revisión del esquema impositivo que encarece estos productos.
Posturas enfrentadas: críticas y defensas del régimen
El presidente Javier Milei fue un fuerte crítico del régimen en el pasado, llegando a calificarlo como una “estafa hacia los argentinos de bien” en 2022. No obstante, ya en funciones, el mandatario ha señalado que el esquema incluye «derechos adquiridos» que impiden su eliminación inmediata.
Otros economistas y dirigentes políticos también han expresado su rechazo. Lucas Llach, exvicepresidente del Banco Central y actual asesor del Ministerio de Desregulación, propuso convertir a Tierra del Fuego en una zona de libre comercio, con cero aranceles y menores impuestos, además de liberar la importación de celulares y electrodomésticos.
Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer consideró necesario revisar los regímenes especiales y planteó que su continuidad no debería ser sostenida por el resto del país sin una reforma tributaria integral. En la misma línea, Agustín Etchebarne, economista de la Fundación Libertad y Progreso, calificó el modelo como un sistema «ineficiente y costoso», que solo benefició a «un puñado de empresas protegidas», afectando a millones de consumidores con precios artificialmente altos.
El fideicomiso fueguino, a salvo de los recortes
A pesar del ajuste fiscal implementado por el Gobierno, el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP) sigue vigente, a diferencia de otros fideicomisos eliminados en el último año. Creado en 2022, este fondo busca fomentar inversiones en infraestructura y desarrollo productivo dentro de la provincia, aunque su transparencia ha sido puesta en duda por legisladores como Juan Manuel López, de la Coalición Cívica.
El 60% de los recursos del FAMP está destinado a proyectos productivos y de formación, mientras que el 40% restante se orienta a obras de infraestructura. Sin embargo, informes recientes revelaron que gran parte del dinero ha sido utilizado para inversiones financieras en bonos y letras del Tesoro, en lugar de aplicarse directamente en nuevos emprendimientos.
¿Un cambio en el horizonte?
El futuro del régimen industrial fueguino sigue siendo incierto. Mientras algunos sectores insisten en su eliminación o en una reforma profunda, el Gobierno mantiene su continuidad, al menos en el corto plazo. Lo que está claro es que el debate sobre su impacto en la economía argentina seguirá abierto, con presiones tanto a favor como en contra de su permanencia.