A más de cuatro años del accidente aéreo que provocó la muerte de cuatro personas en Río Grande, la investigación judicial apunta a presuntas fallas en el mantenimiento de la aeronave como causa determinante de la tragedia. La Fiscalía Federal solicitó que cinco integrantes de una empresa encargada de las tareas técnicas sean juzgados por su presunta responsabilidad en el siniestro ocurrido el 1° de julio de 2022.
El pedido de elevación a juicio fue presentado por el fiscal federal Marcelo Rapoport ante el Juzgado Federal de Río Grande y alcanza a tres mecánicos, un inspector y un representante técnico de Air Delta S.R.L. Los cinco están acusados del delito de desastre aéreo culposo agravado por la muerte de cuatro personas, una figura penal que contempla penas de entre uno y cinco años de prisión.
La acusación se concentra en dos intervenciones realizadas sobre el sistema de control de los alerones del Learjet 35A, una en febrero de 2020 y otra en noviembre de 2021. Según la hipótesis fiscal, durante esos trabajos no se colocaron ni se detectó la ausencia de unos pequeños dispositivos de seguridad conocidos como locking clips, cuya función es evitar que los tensores de los cables se aflojen como consecuencia de las vibraciones.
La falta de esas piezas habría permitido que los tensores se desenroscaran progresivamente hasta provocar la desconexión de los cables vinculados con el movimiento de los alerones. Para los investigadores, esa situación habría ocasionado la pérdida de control de la aeronave apenas inició el despegue desde el aeropuerto de Río Grande.
Uno de los elementos centrales de la acusación es el informe elaborado por el ingeniero aeronáutico Miguel Cafaro, quien intervino como perito oficial junto con especialistas de la Fuerza Aérea Argentina. El profesional consideró que la ausencia de los clips constituyó una «falta gravísima, causante del accidente de la aeronave», conclusión que fue incorporada al expediente junto con otros estudios técnicos.
Un vuelo sanitario que terminó en tragedia
El 1° de julio de 2022, el avión había completado el traslado sanitario de un niño de cuatro años desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Luego de finalizar esa misión, la aeronave perteneciente a Flying America S.A. se disponía a regresar a la capital del país cuando ocurrió el accidente que conmocionó a la comunidad fueguina.
El Learjet despegó desde la pista 26 del Aeropuerto Internacional Gobernador Ramón Trejo Noel, pero apenas consiguió elevarse comenzó a experimentar movimientos anormales. La aeronave se inclinó hacia la izquierda, logró recuperar momentáneamente su posición y volvió a perder estabilidad antes de precipitarse a tierra.
El impacto se produjo aproximadamente a 1.870 metros de la cabecera de la pista y a unos 300 metros hacia la izquierda de su eje. La violencia de la caída destruyó el avión y desató un incendio que terminó con la vida de sus cuatro ocupantes: los pilotos Claudio Canelo y Héctor Vittore, el médico Diego Ciolfi y la joven enfermera Denise Torres García.
Las responsabilidades que busca determinar la Justicia
La investigación no se limitó a reconstruir los últimos segundos del vuelo, sino que también examinó el historial de mantenimiento, los motores, las comunicaciones con la torre de control, las grabaciones de cabina y las condiciones meteorológicas. A partir de esos elementos, la Fiscalía sostuvo que existieron omisiones técnicas que debieron haber sido advertidas antes de que el avión volviera a operar.
Para el Ministerio Público Fiscal, las posibles responsabilidades no corresponden únicamente a quienes efectuaron las reparaciones. También alcanzan a quienes tenían la obligación de inspeccionar los trabajos y supervisar que la aeronave cumpliera con las condiciones de seguridad necesarias.
Los cinco acusados habían sido procesados sin prisión preventiva el 20 de noviembre de 2025, una decisión que posteriormente fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia el 7 de julio de 2026. En esa misma instancia, el tribunal revocó el procesamiento de un sexto investigado, socio gerente de Air Delta S.R.L., y dispuso su falta de mérito mientras se desarrollan nuevas medidas probatorias.
Con el requerimiento presentado este 16 de octubre, la causa avanza hacia una posible instancia de juicio oral, aunque todavía debe resolverse formalmente su elevación. Será allí donde se buscará establecer si las presuntas negligencias atribuidas a los trabajadores y responsables técnicos tuvieron relación penalmente comprobable con el accidente que dejó cuatro víctimas fatales en Río Grande.