El intendente de Río Grande, Martín Pérez, encabezó un encuentro por el Día de la Lealtad Peronista en la sede de Provincia Grande, donde convocó a superar las diferencias políticas, defender el empleo y fortalecer la industria fueguina. Durante su intervención, también lanzó una advertencia sobre posibles restricciones de recursos al Municipio y aseguró que cualquier reducción de fondos tendría consecuencias directas sobre los servicios que reciben los vecinos.
La actividad se desarrolló este sábado 17 de octubre, con la participación de militantes, dirigentes y representantes de distintos sectores. En ese marco, Pérez planteó la necesidad de reconstruir el peronismo fueguino mediante una propuesta amplia que priorice los problemas económicos y sociales de la población por encima de las disputas entre dirigentes.
“En este contexto no hay margen. No hay margen para que ninguno se mire el ombligo. No hay margen para que el peronismo o la política en general se dirima permanentemente en la discusión entre dirigentes”, expresó el jefe comunal, al reclamar una mayor responsabilidad de quienes participan en la actividad política.
Uno de los momentos centrales de su discurso estuvo relacionado con la situación financiera de Río Grande. Pérez manifestó su preocupación ante la posibilidad de que las diferencias políticas deriven en restricciones económicas para la administración municipal y advirtió que esas decisiones terminarían afectando a la comunidad.
“Ya sabemos que ahora parece que la forma de querer ordenar nuestras ideas o ponernos en caja, como dicen algunos, es apretar desde el lado de los recursos”, sostuvo. Si bien no identificó expresamente a los responsables de una eventual medida de ese tipo, remarcó que los fondos municipales permiten sostener servicios esenciales y obras destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos.
En ese sentido, defendió las inversiones que lleva adelante su gestión, especialmente en materia sanitaria. Recordó que Río Grande cuenta con 15 dispositivos municipales de salud y que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla una inversión de 18 mil millones de pesos para garantizar el funcionamiento y la continuidad de las prestaciones.
El intendente también cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional y sus consecuencias sobre Tierra del Fuego. Señaló que la caída de la actividad industrial no solamente afecta a los trabajadores de las fábricas, sino también a comerciantes, emprendedores y familias que dependen del movimiento económico generado por la producción local.
En ese contexto, volvió a reclamar la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. “Ese decreto tiene que ser derogado para reconstruir la Argentina y empezar a mirar el futuro de otra manera”, afirmó, al vincular la defensa de la industria fueguina con el desarrollo económico y la importancia estratégica de la provincia.
Por otra parte, Pérez sostuvo que el peronismo debe reconocer sus errores y recuperar la cercanía con la sociedad. Consideró que la reconstrucción política requiere incorporar nuevas voces, generar espacios de participación y construir una alternativa que no quede limitada a los sectores tradicionales del justicialismo.
“Tenemos que demostrar que somos capaces de construir una alternativa que incluya a todos, no solamente a los peronistas, a los que piensan como nosotros, sino abrir los brazos”, expresó durante el encuentro.
La jornada también incluyó un reconocimiento al histórico militante peronista Alberto Godoy, distinguido por su trayectoria y compromiso con la participación política. Pérez destacó la importancia de quienes dedicaron gran parte de sus vidas a la militancia y al trabajo comunitario.
En simultáneo, Provincia Grande desarrolló una actividad similar en Ushuaia, donde participaron dirigentes y militantes que compartieron propuestas vinculadas con la situación provincial y las políticas públicas. Ambos encuentros formaron parte de la conmemoración del 17 de octubre y de la convocatoria a fortalecer la organización política de cara al futuro.
Finalmente, Pérez insistió en que la prioridad debe ser la defensa del trabajo, la producción y los servicios públicos. También remarcó que los recursos destinados a Río Grande no deben convertirse en una herramienta de presión política, debido a que cualquier dificultad financiera repercute directamente en las necesidades de la población.