El proyecto de Presupuesto Nacional para 2027 ingresará al debate parlamentario con modificaciones sensibles para las personas con discapacidad y una asignación destinada a las universidades nacionales inferior a la solicitada por las autoridades académicas.
Para el sistema universitario, la iniciativa contempla $7,3 billones destinados al funcionamiento, inversiones y programas especiales. La cifra representa $3,7 billones menos que los $11 billones estimados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para cubrir las necesidades del próximo año.
La propuesta del CIN había sido aprobada durante el 96° Plenario de Rectoras y Rectores, realizado en la Universidad Nacional de Río Negro, y posteriormente enviada a la Subsecretaría de Políticas Universitarias. El texto oficial también establece que los aumentos salariales para docentes y personal no docente deberán calcularse tomando como referencia las plantas vigentes en noviembre de 2026, salvo ampliaciones expresamente autorizadas.
Además, el Ministerio de Capital Humano quedaría facultado para suspender las transferencias a aquellas universidades que no entreguen la información solicitada. Este mecanismo de control se encuentra incluido en el artículo 12 del proyecto.
En materia de discapacidad, el Gobierno propone fijar la Pensión No Contributiva por invalidez laboral en el 70% de la jubilación mínima. El beneficio sería incompatible con un empleo formal y también con la inscripción en el régimen general o simplificado de contribuyentes.
Otro cambio alcanzaría al nomenclador de prestaciones. Los valores dejarían de aplicarse bajo un criterio universal y pasarían a ser establecidos por cada organismo obligado. En el ámbito nacional, las actualizaciones serían trimestrales y, ante la falta de revisión, se utilizaría como referencia el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC.
El proyecto también impulsa la eliminación de los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. Las disposiciones involucradas regulan aspectos vinculados con las pensiones de protección social, la cobertura médica, la conversión automática de determinados beneficios y los aranceles correspondientes a las prestaciones básicas de atención integral.
En cuanto a las variables económicas, el Ejecutivo proyecta para 2027 un crecimiento del Producto Bruto Interno del 4%, una inflación anual del 18% y una mejora del 25,4% en el salario promedio. También calcula un superávit primario de $18,44 billones, equivalente al 1,3% del PBI, y un resultado financiero favorable de $3,30 billones, equivalente al 0,2%.
Las disposiciones todavía no se encuentran firmes. El Congreso deberá analizar el proyecto y podrá mantener, modificar o eliminar los artículos durante su tratamiento legislativo.