La vocal por los pasivos de la Caja de Previsión Social cuestionó el esquema de incrementos acordado para los trabajadores estatales y sostuvo que las sumas no remunerativas generan una brecha entre activos y jubilados, además de afectar el financiamiento del sistema previsional. También reclamó por deudas de aportes que distintos organismos mantienen con la Caja.
La discusión por las paritarias estatales sumó un nuevo frente de debate en Tierra del Fuego luego de las críticas formuladas por Patricia Blanco, vocal por los pasivos de la Caja de Previsión Social.
La representante de los jubilados cuestionó particularmente la utilización de bonificaciones y sumas no remunerativas en los acuerdos salariales y sostuvo que este mecanismo beneficia a los trabajadores activos, pero deja fuera a los jubilados y puede reducir los recursos destinados al sistema previsional.
Uno de los puntos señalados por Blanco fue un bono de $72.000 acordado para trabajadores activos. Según planteó, ese concepto no llega al sector pasivo y profundiza las diferencias existentes entre quienes están en actividad y quienes perciben una jubilación.
La situación de los jubilados
Blanco afirmó que aproximadamente el 80% de los jubilados de la provincia no supera los $3 millones mensuales, mientras que la jubilación mínima correspondiente al escalafón seco se ubicaría, según sus datos, en torno a los $774.821.
En contraste, señaló que existen sectores de trabajadores activos cuyos ingresos alcanzan cifras significativamente superiores, llegando en algunos casos a $15, $18 y hasta $25 millones.
La vocal cuestionó además que los incrementos porcentuales aplicados sobre haberes bajos puedan representar mejoras nominales reducidas para los jubilados.
Para graficar el deterioro que observa en el poder adquisitivo del sector pasivo, Blanco afirmó: “Tenemos jubilados en la provincia que no pueden comprar un churrasco o comen carne una vez a la semana”.
El impacto de los bonos no remunerativos
El eje central de su planteo estuvo puesto en las sumas que no integran el salario remunerativo.
Según Blanco, este tipo de mecanismos genera un doble perjuicio: por un lado, el jubilado no recibe el beneficio, y por otro, al no formar parte del salario sobre el cual se calculan los aportes, puede disminuir el financiamiento que recibe el sistema previsional.
En ese sentido, cuestionó que las negociaciones salariales se apoyen en conceptos que incrementan los ingresos de los trabajadores activos sin fortalecer en la misma medida los recursos de la Caja.
La discusión plantea así una diferencia entre el alivio inmediato que puede significar un bono para un trabajador en actividad y su impacto sobre la estructura previsional a mediano y largo plazo.
Reclamos por deudas con la Caja
Blanco también puso el foco en las obligaciones que distintos organismos públicos mantienen con la Caja de Previsión Social.
Entre los casos mencionados aparece el Concejo Deliberante de Tolhuin, que habría sido intimado para regularizar una deuda correspondiente a aportes y contribuciones.
La representante de los pasivos advirtió que, si la situación no se resuelve, podrían avanzar por la vía judicial.
También mencionó atrasos o convenios pendientes vinculados con Río Grande, Vialidad y el Gobierno provincial, mientras destacó que Ushuaia sería actualmente el único municipio que no mantiene deudas ni planes pendientes con la Caja.
“Descontarle la plata al empleado y no transferirla es un afano”
Otro de los cuestionamientos formulados por Blanco estuvo relacionado con los aportes previsionales que son retenidos a los trabajadores.
La vocal sostuvo que la falta de transferencia oportuna de esos recursos afecta directamente al sistema y calificó la situación con una expresión contundente: “Descontarle la plata al empleado y no transferirla es un afano”.
Su planteo vuelve a poner bajo discusión el vínculo entre las negociaciones salariales, los recursos que ingresan al sistema previsional y la situación de los jubilados.
En ese contexto, Blanco reclama que las decisiones vinculadas con salarios y bonos contemplen también su impacto sobre quienes ya se encuentran retirados y sobre la sustentabilidad financiera de la Caja de Previsión Social.