La investigación legislativa sobre la instalación del radar de capitales británicos en la estancia El Relincho, en Tolhuin, enfrenta nuevas dificultades para avanzar. Durante la reunión realizada este jueves, ninguno de los funcionarios y exfuncionarios convocados se presentó ante la Comisión Especial Investigadora, que busca establecer cómo se autorizaron las obras y qué organismos intervinieron en el proceso.
La ausencia de los citados impidió obtener nuevos testimonios sobre las decisiones administrativas adoptadas durante 2022, cuando se otorgaron las autorizaciones vinculadas con el proyecto impulsado por la empresa Leolabs. Se trata de una de las cuestiones centrales que intenta esclarecer la Legislatura provincial, particularmente por las implicancias que generó la instalación de esta infraestructura en territorio fueguino.
Ante las dificultades para concretar las comparecencias, la Comisión analiza modificar su modalidad de trabajo y trasladar una de sus próximas reuniones a Río Grande. La intención es facilitar la recepción de declaraciones y avanzar con las entrevistas pendientes, consideradas necesarias para reconstruir las distintas etapas del procedimiento que permitió instalar el radar.
Mientras tanto, los integrantes del organismo continúan examinando expedientes, autorizaciones y otros antecedentes administrativos incorporados a la investigación. El análisis documental busca determinar qué responsabilidades correspondieron a las distintas áreas provinciales y si existieron irregularidades durante la tramitación del proyecto.
Otro de los puntos que se encuentra en preparación es una inspección en la estancia El Relincho, donde permanece emplazada la estructura. La visita fue solicitada por representantes de los Centros de Veteranos de Malvinas, quienes participan del seguimiento de la investigación y manifestaron su interés en conocer las condiciones actuales de las instalaciones.
Para esa recorrida se prevé la participación de especialistas que puedan realizar una evaluación técnica del radar y aportar información sobre su situación actual. La actividad se desarrollaría en el marco de una inspección ambiental dispuesta por el Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia, con intervención de equipos especializados en cuestiones ambientales.
La investigación también busca establecer el alcance de las autorizaciones otorgadas originalmente y las condiciones bajo las cuales se permitió el desarrollo de una infraestructura que posteriormente generó cuestionamientos por su vinculación con capitales británicos y su ubicación estratégica en Tierra del Fuego.
El tiempo disponible para completar estas tareas es limitado. La Comisión Especial Investigadora tiene plazo hasta el 15 de diciembre para presentar su informe final, por lo que deberá avanzar durante las próximas semanas con la recepción de testimonios, el análisis de la documentación y las inspecciones previstas.
El documento final deberá reunir los antecedentes obtenidos y las conclusiones sobre las responsabilidades administrativas relacionadas con la instalación del radar.
Por el momento, la falta de comparecencia de los funcionarios y exfuncionarios convocados representa uno de los principales obstáculos para completar la investigación. La Comisión buscará concretar las declaraciones pendientes antes del vencimiento del plazo establecido, mientras continúa el análisis de un caso que mantiene especial relevancia por sus implicancias institucionales, ambientales y estratégicas para Tierra del Fuego.