El Gobierno de Javier Milei decidió retirar el financiamiento de seis obras de infraestructura sanitaria distribuidas entre Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, bajo el argumento de sostener el equilibrio fiscal. La medida obliga a la Provincia a hacerse cargo de los compromisos económicos pendientes para garantizar la continuidad de proyectos destinados al abastecimiento de agua potable y al tratamiento de efluentes cloacales.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto Provincial 2007/26, firmado el 13 de noviembre por la vicegobernadora Mónica Urquiza, en ejercicio del Poder Ejecutivo. Los acuerdos fueron suscriptos entre el ministro provincial de Obras y Servicios Públicos, Martín Moreyra, y el secretario de Obras Públicas de Nación, Bernardo Heredia. La rescisión alcanza convenios originalmente financiados a través del desaparecido ENOHSA y fue remitida a la Legislatura provincial para su correspondiente intervención.
En Río Grande, la medida afecta la construcción de la nueva planta de pretratamiento del emisario submarino. En Tolhuin, comprende dos proyectos: la planta de tratamiento de efluentes cloacales del macizo 154 y la ampliación de la planta potabilizadora Tahá, que registra un avance del 24,73%. Ambas intervenciones forman parte de la infraestructura necesaria para mejorar los servicios sanitarios de la ciudad mediterránea.
En Ushuaia, son tres las obras alcanzadas: la construcción del azud del arroyo Buena Esperanza, la ampliación de la planta potabilizadora Malvinas Argentinas del Río Pipo y la nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales Arroyo Grande. Esta última presenta una ejecución del 92,52%, mientras que la ampliación de la planta del Río Pipo registra apenas un 6,98% de avance. Sin embargo, ese proyecto ya dispone de una alternativa de financiamiento mediante un aporte comprometido de 19.857,5 millones de pesos del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP).
Con la firma de los acuerdos, Tierra del Fuego deberá afrontar los pagos pendientes a las empresas contratistas y asumir la responsabilidad económica de las obras, aunque podrá evaluar la continuidad o rescisión de los contratos. Además, la Provincia renuncia a presentar reclamos administrativos o judiciales contra Nación por mayores costos y otros conceptos vinculados con los convenios. De esta manera, el ajuste del gasto público nacional traslada al presupuesto fueguino la responsabilidad de resolver el futuro de seis proyectos fundamentales para los servicios de agua potable, saneamiento y protección ambiental.

