La investigación por la muerte de Tayron, el niño de tres años que falleció el 20 de agosto en Río Grande, avanza con cuestionamientos de la querella sobre la atención recibida y los registros del Hospital Regional. El abogado de la familia, Juan Ignacio Trepatt, informó que solicitaron la imputación de una profesional que firmó la historia clínica y reclamaron documentación para conocer las condiciones laborales de las médicas involucradas.
En declaraciones al programa Periodismo de Radio Provincia, Trepatt señaló que el informe forense preliminar establece como causa del fallecimiento un shock séptico con falla multiorgánica, derivado de una neumonía que no había sido detectada. Tras la autopsia y otros exámenes, el cuerpo del niño fue reinhumado en el cementerio local. Todavía restan estudios para completar el dictamen definitivo.
Uno de los puntos que la familia busca esclarecer es por qué la historia clínica lleva la firma de una médica distinta de quien habría atendido al niño. Según el letrado, la atención estuvo a cargo de Inés Bellutini, mientras que el registro fue firmado por Florencia García, cuya imputación pidió la querella. Trepatt sostuvo que la firma de cada profesional implica responsabilidades vinculadas con su matrícula.
Sobre esa diferencia declaró personal del área de informática del hospital. El abogado explicó que los trabajadores describieron cómo funcionan los sistemas de registro, aunque no pudieron aclarar por qué una profesional realizó la atención y otra suscribió la documentación.
La querella también advirtió omisiones en los controles asentados. Entre ellas, Trepatt mencionó que en el triage se consignó que Tayron estaba febril, pero no quedó registrada una medición de temperatura. Además, cuestionó el orden de la historia clínica y las respuestas remitidas ante los requerimientos judiciales.
Otro aspecto bajo análisis es el esquema de contratación de las profesionales itinerantes. De acuerdo con la información obtenida por la querella, el Ministerio de Salud contrata a una empresa de Buenos Aires que, a su vez, subcontrata a los médicos. Trepatt afirmó que accedieron a esos documentos por una vía alternativa, debido a que la cartera sanitaria no los había aportado pese al requerimiento realizado a través de la jueza de instrucción.
Como las médicas involucradas no residen en Tierra del Fuego, la familia pidió conocer sus horarios y la organización de las guardias. El abogado indicó que recibieron información informal sobre jornadas superiores a las 72 horas, un dato que buscan verificar mediante la documentación. También señaló que el contrato contempla la posibilidad de reclamos civiles.
Trepatt relató que, horas antes del fallecimiento, la familia había sido informada de que el niño presentaba una gastritis leve. Según su exposición, después de la muerte el cuerpo fue llevado a la sala velatoria y sepultado a las pocas horas, sin una autopsia previa. Añadió que la causa del deceso no figuraba en el acta de defunción del hospital ni había sido comunicada a los familiares, quienes decidieron acudir a la Justicia para obtener respuestas.
El representante de la familia aclaró que la investigación continúa en una etapa de presunciones. La querella sostiene que Tayron recibió una atención inadecuada, mientras aguarda los resultados pendientes y el avance de las medidas judiciales para determinar las circunstancias del fallecimiento y las eventuales responsabilidades.