Muerte de Jorge Zapata: dos imputados podrían evitar el juicio

Compartir esta nota

A siete años de la muerte de Jorge Daniel Zapata durante una competencia de ciclismo en Río Grande, la causa judicial tomó un nuevo rumbo. La Cámara de Apelaciones dejó sin efecto el rechazo a un pedido de probation presentado por los dos organizadores imputados. La familia de la víctima se opone a que el expediente pueda resolverse sin llegar a un juicio oral.

La muerte de Jorge Daniel Zapata, el ciclista de 33 años oriundo de Ushuaia que perdió la vida durante una competencia deportiva en la Ruta Nacional N.º 3, vuelve a quedar en el centro de una discusión judicial. La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones resolvió que deberá revisarse el pedido de suspensión del juicio a prueba presentado por las defensas de dos integrantes del club O’Higgins. La decisión representa un cambio en el rumbo del expediente, aunque todavía no significa que los acusados hayan obtenido ese beneficio.

El pronunciamiento alcanza a Lucy Liliana Toledo, dirigente de la institución deportiva, y Alejandro Sergio Barría, quien se desempeñaba como responsable de la subcomisión de ciclismo. Ambos quedaron imputados por homicidio culposo a raíz de las circunstancias en las que se desarrolló la competencia. Sus defensas, con el acompañamiento de la Fiscalía, habían solicitado acceder a una probation, una alternativa judicial que permite suspender el proceso penal bajo determinadas condiciones.

Una competencia que terminó en tragedia

El 1 de septiembre de 2019, Zapata participaba de una prueba ciclística organizada por el club O’Higgins en el sector de Cabo Domingo, al norte de Río Grande. La carrera se desarrollaba sobre la Ruta Nacional N.º 3, en medio de fuertes ráfagas de viento que complicaban el desplazamiento de los competidores. Cuando restaban pocos metros para alcanzar la meta, el deportista protagonizó el episodio que terminó costándole la vida.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, el ciclista intentaba superar a un camión que avanzaba lentamente por la ruta. En ese momento, mientras transitaba por una zona de subida próxima a una curva, un cambio repentino en la incidencia del viento lateral habría provocado que perdiera la estabilidad. Zapata cayó debajo de las ruedas del semirremolque y sufrió lesiones fatales ante la presencia de personas que seguían la competencia.

La investigación permitió establecer que el conductor del transporte había cumplido con las indicaciones recibidas, por lo que terminó sobreseído. A partir de esa determinación, las actuaciones judiciales se concentraron en las responsabilidades de quienes habían organizado la actividad deportiva. El análisis quedó vinculado principalmente con las condiciones de seguridad previstas para una competencia realizada sobre una ruta nacional con circulación vehicular.

La Cámara revocó el rechazo y apartó a la jueza

El pedido de suspensión del juicio a prueba había sido rechazado inicialmente por la jueza de Ejecución Natalia Buitrago. La magistrada había intervenido luego de que las defensas y la Fiscalía coincidieran en solicitar la aplicación de ese mecanismo procesal. La familia del ciclista manifestó su oposición a una salida que pudiera evitar la realización del debate oral.

Sin embargo, los camaristas Federico Vilella y Jorge Jofré, integrantes de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, resolvieron revocar aquella decisión. Además, dispusieron apartar a Buitrago y ordenar que una jueza subrogante vuelva a estudiar la solicitud. De esta manera, el expediente regresará a una instancia de evaluación en la que deberá determinarse si los dos imputados reúnen las condiciones legales para acceder al beneficio.

La probation no constituye una absolución ni supone que las personas investigadas hayan sido declaradas inocentes. Se trata de una herramienta que permite suspender el juicio durante un período determinado, sujeto al cumplimiento de obligaciones fijadas por la Justicia. Estas pueden incluir tareas comunitarias, reglas de conducta y ofrecimientos de reparación económica, según las particularidades de cada expediente.

Un antecedente fatal sobre la misma ruta

Para fundamentar su decisión, la Cámara también tuvo en cuenta un antecedente judicial relacionado con otro siniestro ocurrido en la Ruta Nacional N.º 3. Se trata del choque frontal registrado el 26 de febrero de 2023 en inmediaciones de la estancia El Relincho, al norte de Tolhuin. En aquel episodio murió la turista belga Justine Marie Dejemeppe, mientras que otras personas resultaron heridas.

La causa involucró a Juan Cruz Tornabene, conductor de un Toyota Corolla que colisionó con un vehículo Chery en el que viajaban turistas. Durante 2025, aquel proceso penal se resolvió mediante una suspensión del juicio a prueba. El acuerdo contempló el pago total de un millón de pesos destinado a los damnificados, 100 horas de trabajo comunitario y la realización de un curso de educación vial.

Ese antecedente fue considerado por los camaristas al revisar la resolución relacionada con la muerte de Zapata. No obstante, su incorporación como referencia no significa que las condiciones deban repetirse ni que exista una decisión definitiva respecto de Toledo y Barría. La nueva magistrada tendrá que evaluar las circunstancias particulares de la causa antes de pronunciarse.

La familia mantiene su oposición

La posibilidad de que el expediente se encamine hacia una resolución sin juicio oral encuentra resistencia entre los familiares del ciclista fallecido. La oposición ya había sido planteada durante el tratamiento inicial de la solicitud y continúa siendo uno de los aspectos centrales del conflicto judicial. Pese a ello, la Cámara entendió que correspondía dejar sin efecto el rechazo anterior y disponer una nueva evaluación.

Mientras se define el futuro del proceso penal, los familiares conservan la posibilidad de impulsar un reclamo económico por la vía civil. Esa instancia es independiente de la discusión sobre la eventual suspensión del juicio a prueba. Por el momento, ninguna resolución ha concedido definitivamente la probation a los dos organizadores.

A siete años de aquella competencia que terminó con la muerte de Jorge Daniel Zapata, la causa continúa sin una sentencia definitiva sobre la responsabilidad penal de los imputados. La próxima decisión quedará en manos de una jueza subrogante, que deberá resolver si corresponde habilitar una salida alternativa al juicio. El expediente mantiene abierta, además, la discusión sobre las medidas de seguridad y las responsabilidades de quienes organizan competencias deportivas en rutas abiertas al tránsito.