El Gobierno nacional decidió colocar el desarrollo de la Base Naval Integrada de Ushuaia entre las prioridades del proyecto de Presupuesto 2027 que será enviado al Congreso el próximo 15 de septiembre.
La decisión fue comunicada este lunes por la Oficina del Presidente, que informó que Javier Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para garantizar que la obra tenga un lugar destacado dentro de la planificación presupuestaria del próximo año.
La medida se enmarca en una estrategia que el Ejecutivo vincula con el fortalecimiento de la defensa nacional, la protección de los recursos naturales y el resguardo de los intereses soberanos argentinos en el Atlántico Sur.
La Base Naval vuelve al centro de la agenda nacional
La inclusión prioritaria de la Base Naval Integrada se conoce pocos días después de los anuncios realizados por Milei en relación con Malvinas y luego de que el Gobierno incorporara el tema como uno de los ejes de sus reuniones de Gabinete.
Desde Casa Rosada sostuvieron que el objetivo es reforzar las capacidades operativas del Estado y avanzar con proyectos considerados estratégicos para la seguridad y la defensa del territorio nacional.
La obra emplazada en Ushuaia adquiere así un nuevo lugar dentro de la agenda presupuestaria, aunque todavía resta conocer qué partidas concretas serán contempladas cuando el Poder Ejecutivo presente el proyecto completo ante el Congreso.
Denunciarán a petroleras por actividades en la Cuenca Malvinas Norte
El comunicado oficial también incluyó una segunda definición vinculada con el Atlántico Sur. El canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, avanzará con una denuncia penal contra compañías relacionadas con actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte.
La presentación alcanzará a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
El planteo también podrá involucrar a accionistas, directivos, gerentes, síndicos, administradores, representantes y otras personas que eventualmente hayan tenido participación en los hechos investigados.
Según la posición del Gobierno argentino, esas empresas habrían desarrollado tareas de exploración y eventual explotación de hidrocarburos bajo licencias otorgadas por el Reino Unido sin autorización de la Argentina.
La denuncia se apoyará en las disposiciones de la Ley 26.659, que establece restricciones y sanciones para las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina en el área de las Islas Malvinas.
El Gobierno vinculó las medidas con el reclamo de soberanía
Desde la Oficina del Presidente señalaron que tanto la prioridad presupuestaria para la Base Naval como las acciones judiciales contra las empresas forman parte de una misma política orientada a reforzar la posición argentina en el Atlántico Sur.
El Ejecutivo sostuvo que continuará utilizando herramientas jurídicas e institucionales frente a aquellas actividades que considere contrarias a los derechos soberanos del país sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
De esta manera, la cuestión Malvinas vuelve a ocupar un lugar central en la agenda del Gobierno nacional, esta vez con impacto directo sobre Tierra del Fuego a través de la decisión de priorizar la Base Naval Integrada dentro del Presupuesto 2027.