Milei modificó el sistema para designar jueces y eliminó instancias previas de impugnación ciudadana
El presidente Javier Milei firmó un decreto que introduce cambios en el proceso de designación de jueces, fiscales y defensores públicos, incluyendo modificaciones en el mecanismo para cubrir vacantes en la Corte Suprema. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, fue rubricada junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
La normativa modifica los decretos 222 y 588 de 2003 y apunta a reducir instancias administrativas previas al tratamiento de los pliegos en el Senado, con el objetivo de agilizar los procedimientos de selección.
Entre los principales cambios, el Gobierno eliminó los criterios que recomendaban contemplar la diversidad de género, las especialidades jurídicas y la representación regional al momento de proponer candidatos para la Corte Suprema. También dejó sin efecto la obligación de publicar las postulaciones en diarios de circulación nacional y local, aunque mantuvo la difusión de la información a través del Boletín Oficial y del sitio web del Ministerio de Justicia.
Además, se eliminó la etapa de observaciones e impugnaciones ciudadanas que se realizaba ante el Ministerio de Justicia antes del envío de los pliegos al Senado. Desde el Ejecutivo sostuvieron que la medida no afecta la transparencia del proceso, ya que esas instancias continúan vigentes durante el tratamiento parlamentario.
El decreto también establece un esquema unificado de control patrimonial y fiscal para los postulantes. Los candidatos deberán presentar sus declaraciones juradas dentro de un plazo de cinco días, mientras que ARCA deberá informar en el mismo período si registran incumplimientos tributarios o previsionales.
Hasta ahora, el procedimiento contemplaba la publicación de antecedentes en medios gráficos y un período de 15 días para que ciudadanos, organizaciones y entidades profesionales presentaran observaciones o impugnaciones. Luego de esa etapa, los pliegos eran remitidos al Senado, donde los candidatos debían atravesar audiencias públicas y obtener el respaldo de dos tercios de los senadores presentes.
Según el Gobierno, la eliminación de la instancia previa busca evitar duplicaciones con el proceso de control que ya realiza la Cámara Alta.
Actualmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación funciona con tres integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El máximo tribunal mantiene dos vacantes tras las salidas de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
La decisión se produce luego de que los intentos del Ejecutivo para designar nuevos magistrados no lograran reunir los consensos necesarios en el Senado.