Melella calificó como “inconstitucional” la intervención del Puerto de Ushuaia y ratificó que irá a la Justicia Federal
El Gobernador cuestionó duramente a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y aseguró que la medida constituye un atropello a la autonomía provincial y al federalismo.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, ratificó la decisión del Gobierno provincial de recurrir a la Justicia Federal tras la intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), a la que calificó como “una intervención encubierta, inconstitucional y carente de legitimidad”.
“Vamos a la Justicia Federal porque es un atropello a la autonomía provincial y al federalismo”, sostuvo el mandatario, al tiempo que rechazó los argumentos utilizados por el organismo nacional para justificar la medida. “Los argumentos de la ANPyN son falsos. No hay malversación, no hay desvío de fondos, no hay desinversión. Todo lo que ingresa al puerto se reinvierte en el puerto y está auditado”, afirmó.
La resolución de la ANPyN mencionó supuestas irregularidades vinculadas a la Ley Provincial 1596, de fortalecimiento de la obra social OSEF, y una presunta desinversión que pondría en riesgo la operatividad portuaria. En ese sentido, Melella fue contundente: “Esa ley fue votada por unanimidad por los 15 legisladores, incluso por los de La Libertad Avanza. Ni un solo peso se tocó para ese fin. Si creían que había un delito, deberían haber hecho una denuncia penal”.
El Gobernador también denunció irregularidades en el procedimiento, como notificaciones informales, el desvío de fondos a una cuenta de la disuelta Administración General de Puertos y contactos directos del organismo nacional con empresas para modificar circuitos de pago. “Es un mamarracho. Genera sospechas sobre las verdaderas intenciones”, señaló.
En sus declaraciones, Melella planteó dos posibles hipótesis detrás de la intervención: un eventual acuerdo geopolítico del Gobierno nacional que implique ceder espacios de soberanía, o un intento de apropiación por intereses económicos privados con vistas a una privatización encubierta del puerto.
“Hoy lo hacen con el puerto, mañana pueden hacerlo con cualquier otra institución o provincia. Es un precedente peligrosísimo”, advirtió.
La demanda judicial, presentada por el secretario Legal de Gobierno, Emiliano Fossatto, solicita la declaración de inconstitucionalidad de la resolución, el cese inmediato de la intervención y una medida cautelar para frenar lo que el Ejecutivo provincial considera un daño irreparable por la sustracción diaria de recursos. “Confiamos en que la Justicia Federal actuará con celeridad”, concluyó el Gobernador.