Médica pediatra accede a probation tras causa por homicidio culposo por error de diagnóstico en Viedma
La médica pediatra Norellys María de Rosario Amaya Sosa, actualmente residente en Río Grande, fue beneficiada con la suspensión de juicio a prueba (probation) en una causa por presunto homicidio culposo, vinculada a la atención de una niña de 6 años en el hospital Artémides Zatti de Viedma, en junio de 2023.
Según la acusación fiscal, la profesional habría incurrido en un “error de diagnóstico y tratamiento” al otorgar un alta precoz sin profundizar estudios en una paciente que presentaba signos de alarma. La fiscal Paula De Luque sostuvo que la decisión derivó en la falta de un tratamiento adecuado que horas más tarde culminó en el fallecimiento de la menor.
El acuerdo fue alcanzado en una audiencia realizada el 12 de mayo, con participación de la querella, la fiscalía y la defensa, y fue homologado por el juez de Garantías, quien consideró cumplidos los requisitos legales para otorgar el beneficio.
En el marco de la probation, la médica deberá cumplir 200 horas de trabajo comunitario, realizar y acreditar un curso de medicina familiar con una duración mínima de un año, y abonar una reparación económica que supera los 40 millones de pesos, la cual será afrontada entre la profesional y su aseguradora.
Además, deberá fijar domicilio y someterse a la supervisión del Patronato de Presos y Liberados durante un período de dos años, con controles periódicos.
El juez dispuso que las pautas impuestas responden tanto a las circunstancias del caso como a la necesidad de formación profesional y reparación social. “El cumplimiento de las horas de trabajo comunitario se vincula con el interés de la sociedad en general”, se indicó en la resolución.
Desde la acusación se remarcó que el objetivo del acuerdo también incluye fortalecer la capacitación de la profesional en el área de medicina familiar, luego de un análisis conjunto con especialistas sobre su formación.
La defensa y la fiscalía prestaron conformidad con la salida alternativa, y el proceso quedó formalmente cerrado bajo el régimen de suspensión de juicio a prueba por el término de dos años.