La causa contra Marcelo Guzmán, exrelator del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, tiene previsto llegar a juicio oral el 16 de octubre. El acusado está procesado por lesiones graves agravadas por el vínculo contra su entonces esposa, Carla Kirstein, en un expediente investigado bajo el contexto de violencia de género. El debate comenzará más de cuatro años después de que la denuncia se hiciera pública.
Para Kirstein, la proximidad del juicio combina la expectativa de una respuesta judicial con la preocupación por las consecuencias que el desenlace pueda tener sobre su familia. En una entrevista publicada por El Diario del Fin del Mundo el 25 de marzo de 2026, expresó: “El juicio no me va a reparar nada”. También sostuvo que las secuelas emocionales de lo vivido la acompañarán durante toda su vida.
En esas declaraciones, la denunciante describió dificultades económicas y asuntos familiares pendientes. Aseguró que afronta la salud, la educación y los gastos de sus hijas, mientras reside en una vivienda alquilada. Según relató, su hija menor estaba sin obra social desde diciembre por trámites que el padre no había realizado, el régimen de visitas no se había ejercido y la división de bienes continuaba sin resolverse. Indicó, además, que percibía una cuota alimentaria del 15 %, calculada sobre el 60 % del salario de Guzmán.
Antes de llegar a esta instancia hubo un intento de cerrar la causa mediante un acuerdo privado de reparación integral, conocido en febrero de 2025. La propuesta contemplaba un pago con fondos provenientes de eventuales haberes retroactivos que el imputado reclamaría al Poder Judicial. Sin embargo, la fiscal de Género, María Paula Schapochnik, rechazó esa alternativa en marzo de ese año al considerar que “no resulta viable, ni favorable a los intereses de la víctima”. Entre sus fundamentos, señaló que el dinero ofrecido no formaba parte del patrimonio del acusado y que no se advertían expresiones de arrepentimiento ni un pedido de disculpas.
Según publicó Provincia 23, Kirstein había firmado el acuerdo en una situación de desamparo económico posterior a la separación. Sus representantes, Karina Echazú y Fabiana Ríos, no habían intervenido en esa negociación. Al referirse posteriormente al proceso, Kirstein aclaró que no tenía cuestionamientos contra la fiscalía, aunque reclamó que se contemplara una reparación para ella y su familia, además de la respuesta penal.
El expediente se originó tras la difusión de un video el 12 de agosto de 2022. En la grabación, Kirstein, instructora de pilates oriunda de Chaco, mostró lesiones en el rostro y el cuerpo, atribuyó las agresiones a Guzmán y manifestó que temía por su vida. Por entonces, el acusado se desempeñaba como relator del juez Ernesto Löffler. Una semana después fue apartado de sus funciones y el Superior Tribunal dispuso su suspensión preventiva, con una reducción de haberes, mediante la resolución 36/2022.
La investigación estuvo a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Ushuaia, encabezado por Javier De Gamas Soler, que dictó el procesamiento. Esa decisión fue confirmada a fines de 2022 por la instancia revisora, cuyos magistrados señalaron indicadores de violencia de género en el relato de la denunciante. La instrucción concluyó en abril de 2023 y la causa quedó a la espera del debate.
Guzmán negó las acusaciones en un descargo público y sostuvo que había sido denunciado falsamente. El juicio será la instancia para examinar las pruebas y determinar su responsabilidad penal. Hasta que exista una sentencia firme, conserva la presunción de inocencia.