La actividad pesquera en las aguas que rodean las Islas Malvinas quedó en el centro de una demanda colectiva que busca una reparación económica y el cese de las operaciones cuestionadas. La Fundación Agustina Lerena presentó el reclamo contra compañías que, según sostiene, explotan recursos del Atlántico Sur sin contar con autorización de la Argentina.
La acción es impulsada por César Lerena, especialista y presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. El monto solicitado va de US$12.351 millones a US$26.465 millones, dependiendo del método utilizado para establecer el valor de las capturas.
El planteo amplía la responsabilidad más allá de las empresas que realizan las tareas de pesca. Incluye a firmas españolas, sociedades mixtas con participación de capitales isleños y compañías argentinas presuntamente relacionadas con esas operaciones. También alcanza a bancos, aseguradoras, astilleros y proveedores de servicios que integrarían la estructura que sostiene la actividad.
Para determinar la compensación, la fundación tomó como referencia las capturas registradas entre 1989 y 2025 y aplicó dos criterios: precios de exportación FOB y valores mayoristas. A las cifras resultantes solicita añadir intereses, actualización y costas judiciales.
La presentación sostiene que las consecuencias económicas exceden el valor de los recursos extraídos. Según su argumentación, también deben contemplarse los ingresos que la Argentina habría dejado de percibir por el procesamiento industrial, la comercialización, los impuestos y los derechos de captura. A ello suma los daños ambientales y sociales que atribuye a la explotación denunciada.
Entre las cifras citadas en el escrito aparecen unas 250.000 toneladas anuales de capturas en aguas de Malvinas. Como referencia, el documento señala que los desembarques argentinos rondan las 800.000 toneladas por año y que las exportaciones pesqueras alcanzan aproximadamente US$2.000 millones.
El pedido judicial se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y la Ley Federal de Pesca. También invoca la resolución 31/49 de las Naciones Unidas y documentación técnica, incluidos informes del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). La fundación cuestiona, además, las licencias concedidas por las autoridades isleñas y sus renovaciones por períodos de 25 años.
La controversia tiene como uno de sus ejes la captura de calamar patagónico y de Illex por parte de la flota gallega que opera en el Atlántico Sur. Según informó el portal Agenda Malvinas, la segunda temporada de pesca en las islas debió interrumpirse en agosto después de que los controles científicos detectaran niveles críticos de biomasa comercializable.
En esas operaciones participaban 16 grandes buques arrastreros congeladores pertenecientes a sociedades mixtas que reúnen a operadores isleños y armadoras de Vigo y Marín. Entre las compañías mencionadas figuran Pescapuerta, Chymar, Pereira, Lanzal, Copemar, Wofco y Marfrío.
La demanda colectiva se suma a otra presentación realizada a mediados de septiembre por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, de Reset Republicano. En ese caso, la denuncia fue radicada ante la Justicia Federal en lo Penal Económico contra directivos, administradores y representantes de pesqueras internacionales y sus sociedades asociadas, por la explotación de recursos marinos mediante permisos emitidos por las autoridades británicas.
Ambas iniciativas se inscriben en la disputa por el aprovechamiento de los recursos del Atlántico Sur. El reclamo de la Fundación Agustina Lerena busca que la Justicia determine las responsabilidades de las empresas señaladas, ordene detener las operaciones denunciadas y establezca una reparación por los perjuicios alegados.