El intendente de Río Grande, Martín Pérez, respaldó la decisión de la jueza federal Mariel Borruto de declarar competente al Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande para tramitar la demanda colectiva contra las petroleras Rockhopper Exploration plc y Navitas Petroleum Development and Production Limited (NPDP), vinculada con la explotación hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas Norte.
Pérez ubicó la resolución dentro de las acciones que Argentina puede desarrollar para defender sus derechos soberanos y los recursos naturales en el Atlántico Sur. “Este es un paso concreto y serio para afirmar la soberanía Argentina y defender nuestros recursos de la explotación ilegal de los ocupantes”, manifestó el intendente a través de sus redes sociales.
La causa fue iniciada el pasado 1 de septiembre por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA). El planteo apunta contra las actividades que las compañías proyectan desarrollar sin autorización argentina en torno a las Islas Malvinas.
Pérez: “Paso a paso, sin shows”
El intendente acompañó su valoración de la resolución judicial con un mensaje político sobre la manera en que, a su entender, debe abordarse la cuestión Malvinas.
“Paso a paso, sin shows, pensando en el país, pensando en Tierra del Fuego y no sólo en la elección más cercana”, expresó Pérez, quien posteriormente sintetizó su posición con otra definición: “Este es el camino”.
Sus declaraciones se producen mientras el desarrollo petrolero en el Atlántico Sur vuelve a ocupar un lugar central en la agenda fueguina. La demanda cuestiona operaciones vinculadas con pozos submarinos, ductos y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, conocida como FPSO.
Borruto incorporó la cuestión de soberanía al análisis judicial
La resolución de Borruto resulta significativa porque la magistrada no circunscribió la controversia exclusivamente a sus aspectos ambientales o hidrocarburíferos. Al fundamentar la competencia federal, incorporó expresamente la cuestión de la soberanía argentina.
En el fallo sostuvo que en el expediente “subyace en ella la defensa de la soberanía nacional, bien colectivo indivisible que reviste la calidad de interés federal por antonomasia”.
La magistrada también contempló la eventual dimensión interjurisdiccional del daño ambiental y las cuestiones relacionadas con el lecho y subsuelo de la plataforma continental.
De esta manera, el Juzgado Federal de Río Grande quedó establecido como ámbito para la continuidad de un expediente que enfrenta a organizaciones argentinas con dos compañías extranjeras por actividades hidrocarburíferas en aguas correspondientes a las Islas Malvinas.
Tierra del Fuego tendrá intervención en la causa
La resolución también incorpora formalmente a la Provincia. A partir de un pedido del Ministerio Público Fiscal, Borruto dio intervención por diez días a la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La participación provincial está relacionada con los intereses ambientales, patrimoniales y sobre los recursos naturales involucrados en el expediente. Bajo la legislación argentina, las Islas Malvinas y sus espacios marítimos forman parte de Tierra del Fuego, mientras que la Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios.
La decisión abre así la posibilidad de que el Estado fueguino defina qué posición adoptará dentro de un expediente que reúne tres cuestiones centrales para la provincia: soberanía, ambiente y recursos naturales.
Aún no se resolvió si se frenarán las actividades petroleras
Pese al avance procesal, el pronunciamiento de Borruto no significa que la demanda haya sido resuelta favorablemente ni que las operaciones petroleras hayan quedado suspendidas.
Todavía permanece pendiente el análisis de las medidas cautelares solicitadas contra Rockhopper y Navitas, entre ellas aquellas que pretenden impedir que continúen las actividades cuestionadas mientras se desarrolla el proceso judicial.
La magistrada postergó esa decisión hasta que los demandantes completen una serie de requisitos relacionados con documentación incorporada al expediente. Para cumplir con esos recaudos se estableció un plazo de cinco días.
La primera definición de peso, sin embargo, ya quedó establecida: la Justicia Federal con asiento en Río Grande se declaró competente para intervenir frente a las compañías extranjeras, mientras que la soberanía argentina quedó incorporada expresamente entre los fundamentos que rodean al litigio.
Sobre ese punto Pérez concentró su respaldo al fallo, al considerar que la vía judicial representa una herramienta concreta para defender los intereses argentinos y fueguinos frente a la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.