Los bancos reclamaron al BCRA definiciones claras sobre la Ley de Inocencia Fiscal antes de aceptar los “dólares del colchón”
Las entidades financieras solicitaron precisiones sobre la aplicación de la nueva norma y advirtieron que, sin lineamientos concretos, no pueden recibir fondos no declarados sin exponerse a riesgos legales.
Las principales asociaciones bancarias del país le pidieron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) mayor claridad sobre la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal, en particular antes de comenzar a recibir depósitos en dólares no declarados. El reclamo apunta a evitar contradicciones entre la nueva normativa y las obligaciones vigentes en materia de prevención del lavado de dinero.
A través de una nota formal, los bancos solicitaron la creación de una mesa de trabajo interinstitucional que permita unificar criterios y despejar dudas operativas. Consideran que, tal como está redactada, la ley deja zonas grises que podrían generar conflictos legales para las entidades financieras si aceptan fondos sin un marco reglamentario preciso.
El pedido fue firmado por la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), ADEBA, ABAPPRA y la Asociación de la Banca Especializada (ABE), que representan a bancos públicos, privados, nacionales y extranjeros. En el documento también se sugiere la participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para coordinar los criterios de control y cumplimiento.
La Ley de Inocencia Fiscal introduce modificaciones en la Ley Penal Tributaria, especialmente en lo referido a los delitos de evasión, lo que impacta directamente en los procedimientos de control del sistema financiero. Desde el sector bancario advierten que, sin reglas claras, aceptar los llamados “dólares del colchón” podría dejarlos expuestos a sanciones administrativas o judiciales.
En contraste, el Banco Nación informó que ya se encuentra en condiciones de recibir consultas y depósitos de dólares no declarados en sus sucursales, aun cuando el resto del sistema financiero espera definiciones oficiales.
Mientras el Gobierno impulsa el ingreso de ahorros al circuito formal, los bancos insisten en que la iniciativa necesita precisiones regulatorias para garantizar seguridad jurídica tanto para las entidades como para los ahorristas.