Las familias de las chacras de la Margen Sur podrán avanzar en la regularización de sus tierras

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Las familias que desarrollan actividades productivas en las chacras de la Margen Sur de Río Grande contarán con una nueva herramienta legal para avanzar en la regularización de los terrenos que ocupan y trabajan. La Legislatura de Tierra del Fuego sancionó una iniciativa impulsada por el Gobierno provincial que busca brindar mayor seguridad jurídica y previsibilidad a los productores del sector.

La normativa apunta a resolver una problemática vinculada con la titularidad de las tierras, una situación que durante años representó una dificultad para quienes llevan adelante emprendimientos agrícolas y otras actividades productivas en esa zona de la ciudad.

Tras la aprobación legislativa, el gobernador Gustavo Melella destacó la importancia de generar condiciones que permitan a las familias continuar desarrollando sus proyectos y realizar inversiones con mayor tranquilidad.

“Detrás de cada chacra hay trabajo, esfuerzo de todos los días y proyectos que queremos ayudar a fortalecer. Son familias que producen alimentos para nuestra comunidad y necesitaban esta herramienta para tener mayor previsibilidad y seguridad”, sostuvo el mandatario a través de sus redes sociales.

La iniciativa busca facilitar el acceso a la titularidad de los terrenos y contribuir a la continuidad de las actividades que se desarrollan en las chacras, reconociendo el trabajo de quienes participan en la producción local de alimentos.

En ese sentido, Melella manifestó que el objetivo del Ejecutivo es que los productores puedan acceder legalmente a las tierras que trabajan, ampliar sus emprendimientos y planificar su futuro sin la incertidumbre que genera la falta de regularización dominial.

El gobernador también agradeció el acompañamiento de los legisladores que respaldaron la propuesta y consideró que su aprobación representa un avance para las familias productoras de la Margen Sur.

Con la sanción de esta ley se abre una nueva instancia para abordar la situación de los terrenos destinados a actividades productivas. Su implementación será determinante para establecer cómo podrán avanzar los beneficiarios en los trámites de regularización y acceso a la titularidad de las tierras.