La UOCRA advirtió que se perdieron 91 mil puestos de trabajo en la construcción desde la asunción de Milei
Dirigentes de la UOCRA expusieron en la comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados, donde analizaron la situación actual del sector de la construcción, la caída de la inversión pública, el acceso a la vivienda social y la paralización de programas habitacionales como el PRO.CRE.AR.
Durante la reunión, el director ejecutivo de la Fundación UOCRA, Gustavo Gándara, aseguró que desde la asunción del actual Gobierno nacional se perdieron 91 mil puestos formales en la industria de la construcción.
“De esos puestos, entre 35 y 50 mil estaban vinculados directamente a la construcción de viviendas y, en particular, a viviendas sociales, que requieren mucha más mano de obra que las obras viales”, explicó.
En ese contexto, Gándara reclamó contar con “datos fehacientes sobre la construcción de viviendas sociales en Argentina” y planteó la necesidad de unificar criterios regulatorios entre provincias y municipios.
Además, cuestionó las trabas administrativas que afectan al sector y advirtió sobre la falta de políticas de formación laboral para los trabajadores.
“Hay una dolencia del Estado que es la ausencia de políticas de formación para la recalificación de los trabajadores”, sostuvo.
Por su parte, el titular de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Iván Szczech, afirmó que el alto costo en dólares del metro cuadrado, sumado a la falta de financiamiento y crédito, volvió prácticamente inaccesible el acceso a la vivienda.
“Hoy el acceso a la vivienda lamentablemente es un lujo para los argentinos”, expresó.
Szczech consideró además que, más allá de las diferencias políticas entre gobiernos, existe una responsabilidad común para revertir la situación habitacional.
En tanto, el presidente del Consejo Nacional de la Vivienda y secretario de Hábitat y Vivienda de Santa Fe, Lucas Crivelli, planteó la necesidad de avanzar en una ley nacional de vivienda.
Según señaló, el desafío requiere un trabajo conjunto entre provincias, municipios, el sistema financiero y el sector inmobiliario para reducir el déficit habitacional en un plazo mucho menor al previsto históricamente.
“Tenemos que encaminar todo lo necesario para que en 10 o 15 años el déficit habitacional pueda achicarse significativamente”, afirmó.