La Superintendencia de Salud dio de baja a una obra social sin actividad y avanza en el control del sistema
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) resolvió la baja de la Obra Social del Personal Aduanero de la República Argentina (OSPAD), una decisión que marca la primera liquidación de este tipo desde el inicio de la actual gestión nacional. La medida fue oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial, tras detectarse numerosas irregularidades en el marco de una auditoría.
Según explicaron fuentes oficiales, la obra social no había registrado actividad desde su inscripción, carecía de afiliados y nunca brindó prestaciones médico-asistenciales. La falta de estructura era tal que ni siquiera se encuentran imágenes de la entidad en medios digitales. A partir de la Resolución 1022/2025, fue excluida del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS), donde se inscriben las obras sociales nacionales y demás agentes del sistema de salud.
En paralelo, la SSS declaró en crisis a la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma, que deberá presentar un plan de contingencia para revertir su situación financiera. De no hacerlo, podría enfrentar el mismo destino que OSPAD.
En contraposición, la Obra Social de Trabajadores del Petróleo y Gas Privado del Chubut logró superar su situación crítica y presentó un balance considerado exitoso por el organismo regulador.
Desde el inicio de la actual gestión al frente de la Superintendencia, se intervinieron ocho obras sociales y otras once fueron declaradas en crisis. La política sanitaria busca depurar el sistema de los llamados “sellos de goma”, estructuras sin actividad real que accedían a subsidios a través de registros poco transparentes.
La semana pasada se sumaron a esta lista de entidades en revisión otras cuatro obras sociales: Fedecámaras (FEDECAMARAS), Técnicos de Fútbol (OSTECF), Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos (OSAPMER) y Volkswagen Argentina S.A. Todas deberán presentar propuestas concretas para garantizar la continuidad de servicios a sus afiliados.
Una de las medidas que permitió avanzar en el reordenamiento fue el ajuste en el cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que desde el año pasado se distribuye según la cantidad real de afiliados. Con este cambio, 201 entidades vieron reducidos sus ingresos en conjunto por más de $3.400 millones, mientras que aquellas con mayor volumen de beneficiarios fueron beneficiadas.
Además, en febrero se eliminó la figura de la intermediación entre obras sociales y empresas de medicina prepaga, una decisión que también apuntó a limitar el uso discrecional de recursos dentro del sistema.
El organismo ratificó que continuará con las auditorías y que no habrá lugar para entidades que no brinden servicios reales o que presenten irregularidades. La intención, indicaron, es que las prestaciones de salud funcionen con transparencia y que los afiliados puedan ejercer su derecho a elegir cómo y con quién atenderse.