El viaje del buque Danstar hacia las Islas Malvinas, previsto para noviembre, generó preocupación en sectores políticos chilenos ante la posibilidad de un conflicto con Argentina. La embarcación de la empresa Easter Island busca inaugurar una conexión comercial desde Punta Arenas, aunque las advertencias sobre una eventual interceptación no corresponden a una decisión oficial anunciada por las autoridades argentinas.
El senador por Magallanes Alejandro Kusanovic solicitó que las comisiones de Defensa Nacional y Relaciones Exteriores del Senado chileno analicen el asunto en una reunión conjunta y reservada. Al fundamentar el pedido, aclaró: “No existe información pública suficiente para afirmar que Argentina haya decidido interceptar la embarcación, ni que ese incidente efectivamente vaya a producirse”.
La controversia tomó impulso después de que Fernando Morales, presidente de la Liga Naval Argentina, expusiera ante comisiones de la Cámara de Diputados. Allí sostuvo que el barco partiría el 10 de noviembre con carga logística destinada al proyecto petrolero Sea Lion y planteó que la Cancillería debería evaluar las condiciones de su navegación. “Cualquier amenaza o puesta en riesgo de la soberanía nacional puede ser considerada tránsito no inocente, con lo cual el buque puede ser detenido”, afirmó.
Esa interpretación contrasta con la explicación de Louise Ellis, subdirectora de Desarrollo Económico de las islas, quien negó que la conexión esté destinada a abastecer la explotación petrolera. En declaraciones a France 24, aseguró que la iniciativa “siempre estuvo enfocado en cubrir las necesidades de consumo de las islas Malvinas y de nuestras comunidades” y descartó el traslado de suministros críticos para Sea Lion.
El objetivo comercial defendido desde Punta Arenas es reducir los costos del abastecimiento y competir con los proveedores que operan desde Uruguay. El alcalde Claudio Radonich describió la iniciativa como un “acuerdo entre privados” y señaló que el buque utilizará una bandera diferente de la chilena, otro punto que difiere de lo expresado por Morales.
La carga anunciada para el primer viaje incluye alimentos, frutas, verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos. El proyecto había sido presentado por la naviera en julio y posteriormente se realizaron encuentros entre empresarios británicos y proveedores de Magallanes para explorar oportunidades de negocios.
Según un reportaje de la Unidad de Investigación de BioBíoChile, fuentes de inteligencia que mantuvieron su identidad en reserva advirtieron sobre un posible “evento crítico” durante la travesía. Esas mismas fuentes indicaron que se habría optado por navegar a través del estrecho de Magallanes y que el Gobierno chileno habría descartado una escolta de su Armada por tratarse de una operación privada.
El debate también reúne interpretaciones contrapuestas sobre las normas marítimas. Mientras Morales invocó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para plantear una eventual intervención, el académico Luis Valentín Ferrada sostuvo que el derecho de paso y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 imponen obligaciones que impedirían obstaculizar esa navegación. Se trata de posiciones jurídicas de los especialistas consultados, sin que se haya informado una resolución oficial sobre el caso.
En ese escenario, Kusanovic pidió considerar el impacto que una escalada podría tener sobre la población austral. Recordó que Magallanes mantiene estrechos vínculos comerciales, familiares y de conectividad con la Patagonia argentina, por lo que cualquier deterioro de la relación bilateral podría afectar directamente a los habitantes de ambos lados de la frontera.