El Gobierno de Tierra del Fuego no consiguió la suspensión judicial de la ley que dejó sin efecto la norma habilitante de la reforma parcial de la Constitución provincial. Por unanimidad, el Superior Tribunal de Justicia rechazó este viernes 9 de octubre la medida cautelar presentada por la Fiscalía de Estado, aunque la controversia sobre la validez de esa norma continúa abierta.
Con esta resolución, la Ley Provincial 1626 mantiene sus efectos. La disposición, sancionada por la Legislatura, abrogó la Ley 1529, que había declarado la necesidad de la reforma. El planteo de la Fiscalía pretendía suspender esa decisión para permitir la continuidad del procedimiento destinado a elegir convencionales constituyentes.
Uno de los elementos considerados por los cinco integrantes del Tribunal fue la situación de la convocatoria electoral: el decreto que la había dispuesto fue anulado mediante una sentencia cuya apelación todavía está pendiente. Al no existir un cronograma en marcha, los magistrados entendieron que no se había demostrado un perjuicio actual que justificara la intervención cautelar.
Además, señalaron que la ley cuestionada cuenta inicialmente con presunción de constitucionalidad. En ese análisis contemplaron que, luego del veto del Poder Ejecutivo, la Legislatura insistió con su sanción mediante el mecanismo previsto en el ordenamiento provincial.
La posición sostenida por la Fiscalía de Estado es que la declaración de necesidad de la reforma había puesto en funcionamiento un procedimiento constitucional que no podía interrumpirse mediante la derogación de la norma. Ese argumento forma parte del cuestionamiento que el Gobierno de Gustavo Melella mantiene contra la decisión legislativa.
El rechazo del pedido provisorio no implica que el Superior Tribunal haya declarado constitucional la Ley 1626. Tampoco define si el Parlamento fueguino tenía atribuciones para dejar sin efecto la declaración de necesidad de la reforma, una cuestión que deberá abordarse al resolver el expediente principal.
Los jueces consideraron que esa discusión exige un examen más amplio que el correspondiente a una medida cautelar. Por ahora, la ley que frenó el proceso conserva su vigencia y el Ejecutivo deberá esperar la resolución de fondo sobre su impugnación.