La posibilidad de realizar durante 2026 las elecciones de convencionales constituyentes en Tierra del Fuego enfrenta un escenario cada vez más ajustado. La Cámara de Apelaciones suspendió momentáneamente el dictado de sentencia sobre la convocatoria electoral mientras espera información de otras causas judiciales vinculadas con la reforma.
La decisión no significa que el proceso haya quedado definitivamente cancelado ni tampoco que pueda reanudarse. La Cámara todavía debe resolver la apelación contra la sentencia que declaró nulo el Decreto 751/26, mediante el cual se habían convocado las elecciones para el pasado 9 de agosto.
La Cámara espera definiciones de otras dos causas
Antes de pronunciarse, el tribunal solicitó conocer el estado del recurso de queja que tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también pidió información al Superior Tribunal de Justicia sobre la causa iniciada por el Poder Ejecutivo contra la Ley provincial 1626.
Esta última norma dejó sin efecto la Ley 1529, que había declarado la necesidad de avanzar con una reforma parcial de la Constitución fueguina. La existencia de diferentes expedientes relacionados llevó a la Cámara a esperar antes de resolver para evitar decisiones judiciales que pudieran resultar contradictorias.
Mientras esas causas continúan su trámite, aparece un segundo problema que comienza a ganar protagonismo: los tiempos necesarios para organizar una eventual elección extraordinaria.
Los 60 días comienzan a convertirse en un límite
La Constitución provincial establece que una elección extraordinaria debe convocarse con una anticipación mínima de 60 días corridos. Esto significa que cualquier nueva convocatoria durante octubre trasladaría necesariamente los comicios hacia diciembre.
El escenario se vuelve todavía más complejo porque actualmente no existe un cronograma electoral vigente. La elección prevista originalmente para el 9 de agosto no se realizó y el decreto que había establecido aquella fecha fue declarado nulo en primera instancia.
Incluso una eventual resolución favorable al planteo del Gobierno no determinaría automáticamente cuándo deberían realizarse los comicios. El Decreto 751/26 establecía específicamente el 9 de agosto, una fecha que ya quedó atrás, por lo que permanece abierto el interrogante sobre el mecanismo jurídico necesario para fijar una nueva convocatoria.
La derogación de la ley sumó otra discusión
A esa situación se agrega la Ley 1626, mediante la cual la Legislatura abrogó la Ley 1529 que había habilitado el proceso de reforma parcial de la Constitución. El Ejecutivo llevó posteriormente esa controversia ante el Superior Tribunal de Justicia.
Por ese motivo, la discusión judicial ya no se limita exclusivamente a determinar si la convocatoria electoral original fue válida. También deberá definirse qué consecuencias tiene la eliminación de la norma que había declarado la necesidad de la reforma.
Además, organizar una elección de convencionales requiere desarrollar un cronograma que contemple presentación de candidaturas, participación de partidos y alianzas, oficialización de listas, padrones, autoridades de mesa, logística electoral y eventuales planteos judiciales.
Octubre será determinante para una eventual elección en 2026
Con el calendario avanzando, octubre aparece como un mes clave. Cada día que transcurre reduce el margen disponible para cumplir con los 60 días mínimos y realizar una elección antes del 31 de diciembre.
La Cámara todavía no resolvió el fondo de la apelación ni determinó que las elecciones no puedan realizarse. Sin embargo, su decisión de esperar información de otros expedientes incorpora una nueva demora a un proceso que ya perdió la fecha electoral originalmente establecida.
De esta manera, además de las discusiones jurídicas sobre la validez de la convocatoria y la continuidad de la reforma, comienza a instalarse otro interrogante: si una eventual definición judicial llegará con tiempo suficiente para organizar las elecciones constituyentes durante 2026.