La Provincia destinará casi $1.200 millones para asegurar su flota oficial
El Gobierno de Tierra del Fuego oficializó la adjudicación de la licitación destinada a contratar la cobertura anual de seguros para el parque automotor y el área técnica provincial, con una inversión total de $1.197.223.558,12 que será financiada íntegramente con fondos del Tesoro Provincial.
La medida fue formalizada mediante el Decreto Provincial N° 0968/26, firmado por el gobernador Gustavo Melella y el ministro de Economía, Alejandro Barrozo Marte. La contratación alcanza a toda la flota oficial de la Provincia, con excepción de los vehículos pertenecientes a la Policía Provincial.
La empresa adjudicataria fue Caja de Seguros S.A., que brindará el servicio bajo la modalidad de coaseguro junto a Sancor Cooperativa de Seguros Ltda.
El proceso licitatorio contó con la participación de tres oferentes: Nación Seguros S.A., La Segunda Cooperativa Ltda. de Seguros Generales y Caja de Seguros S.A. Sin embargo, tras la evaluación técnica realizada por la asesoría especializada Héctor Martínez Sosa y Cía., se determinó que solo la propuesta de Caja de Seguros cumplía con la totalidad de los requisitos establecidos en los pliegos.
Según los informes incorporados al expediente, Nación Seguros fue descartada por presentar limitaciones en los servicios de asistencia y cobertura en países limítrofes para determinados vehículos de la flota. Además, restringía la cobertura de responsabilidad civil para pasajeros transportados a un radio de 100 kilómetros y no contemplaba cobertura para personas trasladadas en ambulancias.
En tanto, La Segunda Cooperativa fue excluida por registrar diferencias en las sumas aseguradas requeridas, aplicar franquicias en categorías donde debían estar exentas y omitir información vinculada al seguro técnico. También se observaron deficiencias en la documentación presentada.
Con la adjudicación ya formalizada, la Oficina Provincial de Contrataciones quedó autorizada a emitir la correspondiente orden de compra para dar inicio a la cobertura. Asimismo, el decreto delega en el Ministerio de Economía el seguimiento integral del contrato, incluyendo la facultad de aplicar penalidades, otorgar prórrogas, autorizar modificaciones o disponer la rescisión del vínculo en caso de incumplimientos por parte de la empresa adjudicataria.