La Multisectorial de Derechos Humanos exige justicia para Claudia Concha Ávila
La Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande emitió un comunicado demandando un cambio en la situación judicial de Claudia Concha Ávila, quien permanece detenida en Ushuaia mientras su caso espera resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según el organismo, su estado de salud y las circunstancias de su detención exigen medidas urgentes.
En el documento, la Multisectorial denuncia la falta de acción de las autoridades judiciales y gubernamentales de Tierra del Fuego, quienes, a pesar de la amplia difusión del caso, no han tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de Claudia. «Su condición de víctima de trata y las múltiples patologías que padece la colocan en una situación de grave riesgo», se advierte. Por ello, solicitan que se le otorgue prisión domiciliaria de manera inmediata, con las garantías de un espacio adecuado para su cuidado.
El caso de Claudia ha tenido una trayectoria compleja. En 2019, fue condenada a cadena perpetua por la muerte de su proxeneta, un hombre que violó repetidamente una restricción de acercamiento y cuyo comportamiento violento no fue contenido por las autoridades pese a las denuncias de Claudia. Durante el juicio, nunca se consideró su condición como víctima de trata ni el contexto en el que ocurrieron los hechos. La mujer había sido testigo clave en el caso “Candilejas” y relató haber sido engañada, explotada y vendida por proxenetas tras ser llevada a Tierra del Fuego.
La Multisectorial también recordó las denuncias previas de Claudia sobre amenazas y secuestros, así como su desesperación por la falta de acción policial. Además, destacaron que su situación ha generado preocupaciones a nivel nacional, siendo respaldada por organizaciones como la Red Alto al Tráfico y la Trata, que han subrayado el deterioro de su salud física y mental.
Finalmente, el comunicado hace un llamado a las organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales a sumarse a la exigencia de justicia y reparación. «Es imperativo que Claudia sea reconocida como víctima y que se repare, aunque sea mínimamente, el daño que ha sufrido, muchas veces con la complicidad o desidia del Estado», concluye el texto.
El caso sigue siendo un ejemplo de las fallas del sistema para proteger a las víctimas de trata y de la urgencia de un pronunciamiento que garantice justicia y respeto por los derechos humanos.