La pérdida de 917,79 toneladas de salmones en establecimientos de cultivo de Magallanes volvió a poner bajo discusión los riesgos de la salmonicultura en la Patagonia. Para Tierra del Fuego, donde una reforma legislativa modificó las restricciones a esta actividad, el episodio suma un antecedente al debate sobre las condiciones ambientales y los controles necesarios para su desarrollo.
La emergencia afectó a dos centros de Multiexport Patagonia y estuvo vinculada con una floración de algas nocivas, según publicó EcoNews en Español. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de Chile (Sernapesca) dio por concluida la contingencia después de verificar el retiro de los peces muertos y supervisar su manejo y disposición. También autorizó cosechas anticipadas para reducir nuevas pérdidas.
El balance definitivo se conoció después de sucesivas modificaciones en los cálculos: las primeras estimaciones ubicaban la mortalidad en 300 toneladas, luego la elevaron a 642,5 y posteriormente a 959,24, hasta establecer el volumen final.
Desde mediados de septiembre se había advertido la presencia de la microalga Leptocylindrus minimus en cuatro centros de la compañía. Estos organismos pueden adherirse a las branquias y dificultar la respiración. Sernapesca explicó que el confinamiento impide que los salmones se alejen de las condiciones adversas provocadas por estas floraciones naturales.
Al evaluar lo ocurrido, la directora regional del organismo en Magallanes, Ximena Gallardo, afirmó que, frente a otras contingencias de este tipo, “fue una mortalidad baja”. La comparación expone la magnitud que pueden alcanzar las pérdidas en los establecimientos salmoneros.
Las inquietudes de las organizaciones ambientales, sin embargo, exceden la producción. De acuerdo con EcoNews en Español, Defendamos Patagonia, No Más Zonas de Sacrificio y Áreas Protegidas Sin Salmoneras reclamaron información sobre las medidas preventivas y manifestaron preocupación por los posibles efectos de la floración sobre las especies nativas. Ese impacto aparece como un motivo de preocupación, sin que la información difundida permita establecer su alcance.
En Tierra del Fuego, la discusión tiene como antecedente la sanción de la Ley 1601, en diciembre de 2025, que sustituyó el texto de la Ley 1355 y modificó el marco que prohibía el cultivo de salmónidos en aguas provinciales. El Gobierno presentó la iniciativa como una alternativa para ampliar la matriz productiva, mientras sectores científicos y sociales cuestionaron los riesgos ambientales. La normativa mantuvo la prohibición en el Canal Beagle.
Lo sucedido en Magallanes incorpora un caso concreto a esa controversia: además de evaluar las posibilidades económicas de la actividad, el debate fueguino comprende la capacidad de prevenir emergencias, fiscalizar los establecimientos y responder ante una mortandad masiva. La protección de la biodiversidad y de las actividades vinculadas con el mar sigue siendo uno de los puntos centrales de esa discusión.