La Legislatura deberá definir el futuro del acuerdo por la planta de urea y el conflicto con la empresa china
La definición sobre la continuidad del convenio de suministro de gas con destino industrial y la resolución del conflicto judicial con la empresa interesada en construir una planta de producción de urea en Tierra del Fuego quedó ahora en manos de la Legislatura provincial. El Parlamento deberá evaluar el acuerdo suscripto el 28 de mayo y decidir si lo aprueba o lo rechaza.
El instrumento fue remitido formalmente al recinto el 11 de junio, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución provincial. Se trata de un entendimiento que busca destrabar la disputa originada por el pago adelantado de 30 millones de dólares realizado en 2011 por la firma a la Provincia, en el marco de un convenio para la industrialización del gas de regalías.
Según se desprende del texto enviado, la Provincia reconoce una deuda equivalente a 455.468.738,26 metros cúbicos de gas, que representan 16.757.495,90 MMBTU, volumen ya adquirido por la empresa en concepto de pago anticipado. Ese monto será compensado con exenciones impositivas hasta que se recupere la disponibilidad de regalías, las cuales permanecen comprometidas hasta 2030 como garantía del bono TFU 2027.
El nuevo acuerdo propone la reactivación inmediata del proyecto industrial, que contempla una inversión escalonada. En una primera etapa se instalarán dos generadores de turbinas y se pondrá en funcionamiento una central termoeléctrica, con una inversión estimada en 100 millones de dólares y un plazo de ejecución de 12 meses. La segunda etapa consistirá en la construcción de una planta capaz de producir 450 mil toneladas de amoníaco sintético y 800 mil toneladas de urea granulada, con una inversión adicional aproximada de 730 millones de dólares.
El proyecto contempla el uso de mano de obra y materias primas locales, así como el compromiso de sustituir importaciones mediante la colocación del producto final en el mercado interno. Además, en el marco de la responsabilidad social empresaria, se prevé la financiación de un plan de viviendas para residentes de la provincia.
La Legislatura, integrada por 15 representantes, deberá ahora analizar los términos del acuerdo, el impacto económico y legal del mismo, y definir si se otorga el aval legislativo necesario para su implementación.