La Justicia laboral dispuso cambios de fondo en la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), tanto en la seccional Zárate-Campana como en la estructura nacional del sindicato. La decisión incluye la conformación de un triunvirato encargado de administrar la organización y avanzar hacia elecciones que permitan normalizar institucionalmente al gremio.
La resolución fue adoptada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que además resolvió remitir a la Justicia penal un informe que menciona presuntas irregularidades durante la gestión del desplazado dirigente Abel Furlán.
Un triunvirato quedará al frente de la UOM nacional
Uno de los principales cambios establecidos por la Cámara es que la conducción transitoria nacional dejará de estar concentrada en una sola persona. A partir de la resolución, la intervención estará integrada por Alberto Biglieri, Pablo Daniel Iglesias y Ariel Martín Alonso.
Los tres tendrán las mismas atribuciones y jerarquía dentro de la administración provisoria. Las decisiones deberán adoptarse por mayoría simple, un mecanismo con el que el tribunal busca garantizar el funcionamiento de la organización ante eventuales diferencias, ausencias o impedimentos de alguno de sus integrantes.
Biglieri había sido nombrado interventor en mayo, luego de que la Justicia invalidara las elecciones realizadas en marzo en la seccional Zárate-Campana.
Ahora continuará dentro del esquema nacional, aunque dejará de estar al frente de esa seccional, donde la responsabilidad pasará a Iglesias. La decisión también se produce mientras Biglieri desarrolla actividades relacionadas con su candidatura para las elecciones del próximo 20 de octubre destinadas a integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Cambios también en Zárate-Campana
Pablo Daniel Iglesias fue designado como nuevo interventor de la UOM Zárate-Campana y tendrá como principal misión organizar un proceso electoral que permita restablecer la conducción sindical.
La Cámara destacó que Iglesias integró hasta hace poco tiempo el cuerpo de agentes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y resaltó sus conocimientos jurídicos en materia laboral. Tendrá las facultades legales, reglamentarias y estatutarias necesarias para administrar la seccional durante este período.
La intervención original se produjo después de que el tribunal anulara los comicios en los que Furlán había competido contra la lista opositora encabezada por Ángel Derosso.
Los camaristas cuestionaron especialmente el procedimiento utilizado para custodiar y contabilizar los votos durante los tres días de elección. Según determinaron, esas condiciones impidieron garantizar una “elección confiable, segura ni transparente”.
Un informe fue enviado a la Justicia penal
La resolución incorpora además otro capítulo relacionado con la administración del sindicato. A partir del informe trimestral presentado por Biglieri, los camaristas resolvieron trasladar determinadas situaciones a la Justicia penal al entender que “deberían ser abordadas por la justicia criminal”.
La documentación fue enviada a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y a la Cámara Criminal y Correccional Federal.
Entre los asuntos bajo análisis aparece la contratación de USEM por parte de la UOM para la administración de fondos sindicales. Existen investigaciones judiciales abiertas alrededor de esa operatoria y ahora se incorporará el material producido durante la intervención.
Furlán rechazó las acusaciones
Mientras avanza la intervención judicial, Abel Furlán inició una ofensiva en los tribunales para cuestionar las denuncias formuladas en su contra. El dirigente presentó escritos en dos expedientes diferentes en los que pidió su sobreseimiento y negó irregularidades vinculadas con la contratación de USEM.
Su defensa sostiene que la empresa no recibió el control de los fondos sindicales, que los servicios contratados fueron efectivamente realizados y que las decisiones cuestionadas contaron con intervención de los órganos internos de la organización.
Furlán también atribuyó las acusaciones a una disputa político-sindical relacionada con la interna de la UOM.
Con la nueva resolución, el futuro inmediato del gremio quedará bajo responsabilidad de tres interventores. La tarea central será administrar la organización y generar las condiciones para convocar nuevamente a elecciones, mientras en paralelo la Justicia penal analiza las presuntas irregularidades detectadas durante la revisión de las cuentas y decisiones de la conducción anterior.