Los cinco jueces del Superior Tribunal de Justicia rechazaron la medida cautelar presentada por la Fiscalía de Estado para suspender la ley que frenó la reforma constitucional. La decisión mantiene paralizado el proceso impulsado por el gobernador Gustavo Melella, aunque todavía resta una resolución definitiva sobre la cuestión de fondo.
El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego resolvió por unanimidad rechazar el pedido de la Fiscalía de Estado para suspender provisoriamente la Ley Provincial 1626, que dejó sin efecto la convocatoria a una reforma parcial de la Constitución fueguina. La resolución se conoció este viernes 9 de octubre y representa un nuevo obstáculo judicial para el proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial. De esta manera, continúa vigente la norma aprobada por la Legislatura que derogó la ley que había habilitado el proceso reformista.
La presentación fue realizada por el fiscal de Estado subrogante, Antonio César Petkos, en el marco de una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 1626. El planteo buscaba suspender sus efectos mientras se analizaba la validez de la decisión legislativa de derogar la Ley 1529, mediante la cual se había declarado la necesidad de reformar parcialmente la Constitución. Sin embargo, los cinco integrantes del máximo tribunal consideraron que no estaban reunidas las condiciones necesarias para conceder esa medida cautelar.
Entre los fundamentos de la resolución, los magistrados destacaron que la ley cuestionada mantiene su presunción de constitucionalidad. También tuvieron en cuenta que la Legislatura ratificó su sanción después de que el gobernador Gustavo Melella intentara vetarla. En consecuencia, entendieron que no correspondía suspender provisoriamente una norma que continúa vigente y que fue sostenida mediante el procedimiento previsto por la Constitución provincial.
El fallo también hizo referencia a la situación de la convocatoria electoral para elegir convencionales constituyentes. El Decreto Provincial 751/26 había establecido inicialmente que los comicios se realizarían el 9 de agosto, pero esa convocatoria fue anulada por la Justicia Electoral. Aunque la decisión fue apelada, el proceso continúa judicializado y actualmente no existe un calendario electoral vigente para avanzar con la elección.
La reforma constitucional se convirtió en uno de los principales puntos de discusión política entre el Gobierno provincial y distintos sectores legislativos. Mientras el Ejecutivo sostiene la necesidad de actualizar aspectos institucionales de la Carta Magna, quienes se opusieron cuestionaron la oportunidad de impulsar una Convención Constituyente en el actual contexto económico. Las diferencias derivaron en una serie de presentaciones judiciales que mantienen sin definición el futuro del proyecto.
Es importante señalar que el Superior Tribunal no resolvió todavía si la Legislatura tenía facultades para derogar la ley que había declarado la necesidad de reformar la Constitución. El pronunciamiento conocido este viernes se limita al rechazo de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía de Estado, por lo que la discusión de fondo continúa pendiente. Hasta que exista una resolución definitiva, la Ley 1626 seguirá produciendo sus efectos.
Con este escenario, la posibilidad de concretar la reforma constitucional durante 2026 aparece cada vez más complicada. La ausencia de una convocatoria electoral vigente y los plazos necesarios para organizar los comicios representan obstáculos adicionales para el Ejecutivo. Por el momento, la elección de convencionales constituyentes permanece sin fecha y el futuro del proceso dependerá de las próximas decisiones judiciales.