La Justicia ordenó restablecer la obligación de informar los aumentos de combustibles antes de aplicarlos
Un fallo de la Justicia Federal ordenó restablecer la obligación de que las petroleras informen previamente al Ministerio de Economía cada modificación en los precios de los combustibles. La decisión se tomó tras un amparo presentado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), que cuestionó la eliminación del sistema de información vigente desde 2016.
La causa fue tramitada en el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, quien declaró la nulidad de la Resolución 717/2025 del Ministerio de Economía. Esa norma había derogado el «Sistema en Línea de Información de Precios de Combustibles en Surtidor», creado durante la gestión del exministro de Energía Juan José Aranguren para centralizar y transparentar los precios en las estaciones de servicio de todo el país.
El sistema permitía acceder a información pública sobre los valores de venta al público y contaba con un canal para que los consumidores denunciaran diferencias entre los precios informados y los efectivamente cobrados.
Desde Cepis sostuvieron que la derogación representó un retroceso en la protección de los consumidores, ya que eliminó una herramienta que favorecía la transparencia, facilitaba el control estatal y permitía un mejor seguimiento por parte de los usuarios. También señalaron que el esquema actual, basado en publicaciones periódicas, no ofrece el mismo nivel de información.
El Estado nacional rechazó esos argumentos y afirmó que los precios continúan disponibles a través de otros mecanismos oficiales y plataformas digitales, por lo que consideró que no se vulneró el derecho de acceso a la información.
No obstante, el juez entendió que el planteo involucra derechos de incidencia colectiva y deberá analizarse si la eliminación del sistema previo afectó el acceso a información relevante para todos los consumidores de combustibles del país.
En paralelo, en la Legislatura bonaerense avanza un proyecto que propone obligar a las petroleras a informar con al menos 72 horas de anticipación cualquier aumento en los precios de los combustibles.
