La Justicia ordena pagar en 30 días a los retirados policiales: un fallo que pone límites al silencio oficial
La reciente resolución judicial dictada por la jueza Gabriela San Martín marca un punto de inflexión en el prolongado conflicto que mantiene la Caja Previsional del Personal Policial y Penitenciario de la Provincia, así como la Caja Compensadora del Ex Territorio Nacional de Tierra del Fuego, con más de 500 retirados policiales.
El fallo ordena regularizar en un plazo máximo de 30 días los haberes impagos correspondientes a junio, julio y el Sueldo Anual Complementario del primer semestre de 2025, bajo apercibimiento de ejecución. Además, impone las costas a la Caja y reconoce honorarios al abogado patrocinante, Dr. Carlos Daniel Medina González.
La sentencia llega tras meses de reclamos ignorados, notas sin respuesta y un silencio institucional que rozó la indiferencia hacia quienes durante décadas sirvieron al Estado, sosteniendo el orden y la seguridad pública. Mientras los directivos de la Caja multiplicaban argumentos administrativos, los retirados y sus familias acumulaban deudas, angustia y desamparo, debiendo soportar la suspensión arbitraria de sus ingresos y el deterioro de su salud física y emocional.
La decisión judicial no sólo pone en evidencia la negligencia del Directorio, sino que también expone una profunda crisis de gestión y sensibilidad institucional. No se trata de una cuestión contable ni de papeles demorados: se trata de vidas reales, de hogares sin ingresos, de hombres y mujeres que dieron su vida profesional a la fuerza y hoy son castigados con la indiferencia del sistema.
El caso de Walter Hugo Papa, primer amparo que prospera en esta larga lista de reclamos, podría transformarse en un precedente clave que abra el camino a centenares de demandas similares.
El mensaje de la Justicia es claro: la ley debe cumplirse. Pero el mensaje social es aún más profundo. Cuando un Estado deja de honrar a sus servidores, erosiona su propia legitimidad.
Si este fallo no sirve como llamado de atención, no sería extraño que nuevas resoluciones judiciales, intimaciones y medidas de ejecución se multipliquen en el futuro. Porque cada demora, cada omisión y cada silencio de la Caja no sólo aumenta la deuda económica, sino también la deuda moral con quienes dieron todo por la seguridad de la comunidad.
En definitiva, este fallo no es sólo una orden de pago: es un límite al abuso institucional y un recordatorio de que la dignidad no se posterga.