La Justicia no logra identificar a los funcionarios que aprobaban las SIRA durante el gobierno de Alberto Fernández
La investigación judicial sobre el funcionamiento del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), utilizado entre 2020 y 2024 durante la gestión de Alberto Fernández, continúa avanzando, aunque por el momento la Justicia no logró identificar a los funcionarios que intervenían en la aprobación de las solicitudes de importación.
En las últimas semanas, el fiscal federal Franco Picardi envió nuevos requerimientos a distintos organismos nacionales, entre ellos la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Banco Central y la Dirección General de Aduanas, solicitando información sobre los responsables de autorizar operaciones vinculadas a diversas empresas bajo investigación.
Entre las firmas analizadas se encuentran Nemes S.H. de Fuentes N. y Mazza, Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A. y Fizika S.R.L. Sin embargo, las respuestas recibidas hasta el momento no permitieron identificar a ningún funcionario que hubiera participado de manera directa en los procesos de aprobación.
Según la documentación remitida a la Justicia, las autorizaciones se realizaban a través de procedimientos informáticos automatizados, que verificaban el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada operación. De acuerdo con la información aportada por ARCA, no existían usuarios habilitados dentro de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para intervenir manualmente en el sistema, por lo que no fue posible individualizar responsables humanos en las solicitudes vinculadas a las empresas investigadas.
En el caso particular de Fizika S.R.L., el organismo informó que la firma no registra declaraciones SIRA, por lo que no habría operado como importadora dentro del sistema analizado.
La falta de identificación de funcionarios representa uno de los principales obstáculos para la investigación, ya que impide determinar eventuales responsabilidades individuales dentro del mecanismo de aprobación de importaciones. No obstante, la fiscalía sí obtuvo información vinculada a solicitudes presentadas, montos involucrados, bloqueos y estados de tramitación.
En paralelo, el expediente incorporó recientemente respuestas de 23 Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), entre ellos Cohen, Banco Industrial, Allaria, Macro, Comafi y Banco Credicoop. También fueron agregados informes remitidos por el Banco Central sobre sumarios cambiarios vinculados a distintas casas de cambio, entre ellas Gis Cambio, Atlántida del Rosario Cambios, Cambio Belgrano, Fast Cambio, Gallo Cambios, Mega Latina, MG Cambio, Puerto Cambio, Rosario Cambio, Areco Cambio y Meran.
Por otra parte, las agencias Dem Cambio y Pablo Fortuny S.A. no registran antecedentes en los sistemas del Banco Central, según la información incorporada al expediente.
La causa investiga presuntas maniobras de corrupción vinculadas a la aprobación acelerada de solicitudes SIRA y posibles irregularidades en el acceso al dólar oficial durante la gestión del expresidente Alberto Fernández y del entonces ministro de Economía, Sergio Massa.
De acuerdo con las hipótesis bajo análisis, algunas empresas habrían abonado sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de las operaciones para obtener autorizaciones en plazos de apenas 24 horas, cuando los trámites habituales podían extenderse hasta seis meses.
Entre las pruebas analizadas por la fiscalía se encuentra el contenido del teléfono celular de Martín Migueles, empresario vinculado a casas de cambio y relacionado con Elías Piccirillo y Francisco Hauque. Según trascendió, en conversaciones registradas durante 2023 aparecerían referencias al pago de porcentajes para agilizar la aprobación de importaciones mediante el sistema SIRA.