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La Justicia intimó al Gobierno fueguino por el conflicto del Corredor Costero Canal Beagle

El Superior Tribunal de Justicia intimó al Ministerio de Obras Públicas de Tierra del Fuego a cumplir con una sentencia vinculada al conflicto judicial por la cancelación de los contratos de los tramos II y III del denominado Corredor Costero Canal Beagle.

La resolución exige al Gobierno provincial avanzar con la liquidación de los gastos improductivos y determinar las posibles acreencias reclamadas por la empresa Juan Felipe Gancedo S.A., que además reclama una compensación por lucro cesante tras la revocación de las obras.

La medida se dictó en el marco de la causa “Juan Felipe Gancedo S.A. c/ Provincia de Tierra del Fuego AeIAS s/ Amparo por Mora”, donde el Tribunal consideró insuficientes las respuestas presentadas hasta ahora por el Ejecutivo provincial.

En ese sentido, los jueces advirtieron que, si continúa la demora oficial, podrían aplicarse multas económicas diarias, cuyo monto será definido oportunamente por la propia Corte.

Al analizar la documentación presentada por el Gobierno, el Superior Tribunal señaló que ya existen informes técnicos donde se encuentran determinados los gastos improductivos y otras posibles acreencias relacionadas con la obra vial.

Sin embargo, remarcaron que los decretos provinciales 1835/25 y 1836/25 postergaron la aprobación de la liquidación final hasta tanto se resuelvan observaciones del Tribunal de Cuentas y se apruebe el informe de impacto ambiental vinculado al pasivo ambiental generado por la obra.

Además, dichos decretos establecieron la improcedencia de una compensación razonable a favor de la contratista, criterio con el que el Gobierno también rechaza el reclamo por lucro cesante presentado por la firma constructora.

Pese a ello, el Superior Tribunal entendió que el Ejecutivo sólo avanzó con “actos preparatorios” y que todavía no dio cumplimiento efectivo a la sentencia judicial relacionada con la regularización de los gastos y la definición concreta de las acreencias derivadas de la paralización y cancelación de los contratos.

La disputa judicial se originó luego de que la Provincia dejara sin efecto los contratos correspondientes a dos tramos considerados estratégicos del proyecto vial del Corredor Costero Canal Beagle, una obra de infraestructura impulsada para mejorar la conectividad y potenciar el desarrollo turístico de la zona sur fueguina.

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