La Justicia fueguina sienta un fuerte precedente contra bancos por fraudes digitales
El Juzgado Civil y Comercial N°2 de Ushuaia, bajo la dirección del juez Gustavo González, resolvió dos casos recientes de estafas virtuales que golpearon a clientes del ex HSBC Bank Argentina S.A. y del Banco Hipotecario S.A. Ambos fallos representan un contundente mensaje a las entidades financieras sobre su obligación de proteger a los usuarios.
En el primero de los casos, el ex HSBC fue condenado a indemnizar con $1.774.000 más intereses a una clienta que, sin solicitarlo, terminó con un préstamo aprobado a su nombre y vio cómo sus fondos eran retirados. La sentencia no solo ordenó devolver el dinero, sino que también declaró la nulidad del préstamo y aplicó una multa por daño punitivo, castigando así directamente la conducta negligente del banco.
Por su parte, el Banco Hipotecario deberá pagar $1.150.000 más intereses a otro damnificado que sufrió extracciones irregulares. En ambos expedientes, el magistrado determinó que las entidades incumplieron con su “deber de seguridad, confianza e información”, al no adoptar medidas eficaces para evitar o mitigar el fraude.
Las resoluciones remarcan que proteger a los clientes no es una opción para los bancos, sino un mandato regulado por normativas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Comunicaciones como la “A” 6664, “A” 6878 y “A” 7370 obligan a implementar controles capaces de detectar operaciones inusuales antes de que se produzca un perjuicio económico.
Aunque ambas instituciones financieras apelaron los fallos, los casos continúan su curso en instancias superiores, mientras tanto la Justicia fueguina ya dejó un precedente claro. Además, el Juzgado resaltó la necesidad de alertar a todos los usuarios sobre el avance constante de las maniobras fraudulentas en canales digitales.
Finalmente, desde la sede judicial recordaron que las víctimas no están desamparadas: hay herramientas legales para reclamar por los daños sufridos. Así, los recientes fallos se convierten en un respaldo para consumidores afectados por delitos informáticos y en un llamado de atención a los bancos para que refuercen sus sistemas de prevención.