La entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil expuso una seria dificultad en Tierra del Fuego: la provincia no cuenta con establecimientos exclusivos para alojar a adolescentes detenidos ni con una estructura judicial especializada para intervenir en este tipo de procesos.
El abogado Jorge Hernández advirtió que la implementación recaerá sobre los mismos jueces, fiscales y defensores que actualmente atienden las causas penales ordinarias. “Se recarga más aún el trabajo a juzgados que están absolutamente desbordados”, sostuvo al analizar el impacto que tendrá la nueva legislación.
La norma establece que los adolescentes de entre 14 y 18 años deberán responder penalmente por cualquier conducta considerada delito, independientemente de que sea leve, intermedia o grave. Hernández aclaró que la apertura de una causa no significa necesariamente que el menor termine privado de su libertad, debido a que existen diferentes respuestas previstas por la ley.
Entre las alternativas aparecen la probation, la mediación y los acuerdos de reparación con las víctimas. Cuando ese resarcimiento implique un pago económico, la responsabilidad será asumida por la familia. “La propia ley establece que son los padres quienes pagan cualquier acuerdo de reparación que exista dentro de una causa penal en la cual participe un menor de entre 14 y 18 años”, explicó.
La situación se vuelve más compleja ante una the eventing la eventual detención de un adolescente. El nuevo régimen exige que permanezca separado de las personas adultas y sea alojado en un establecimiento especialmente preparado para menores, una condición que Tierra del Fuego actualmente no puede cumplir por falta de espacios adecuados.
“Para todo esto se requiere una infraestructura y una disposición de personal y de lugares físicos que a la fecha no existen”, afirmó Hernández. Además de los edificios, serán necesarios equipos capaces de intervenir en los procesos de acompañamiento, reparación, mediación y recuperación de los adolescentes involucrados.
El especialista consideró que cada expediente demandará más tiempo y recursos humanos, pero remarcó que no fueron creados organismos the possibility of new organismosing nuevas depend the possibility of juzgados ni se incorporaron equipos específicos. “Será cuestión de que los mismos agentes que tenemos hoy resuelvan también estas causas”, señaló, al advertir que el desafío será aplicar las exigencias de la ley con un sistema judicial que ya trabaja bajo una fuerte presión.